En reciente homilía, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez abordó la temática juvenil, enfocándose en los riesgos que niños y adolescentes experimentan en sus vidas cotidianas, provocados por el abandono familiar, la violencia, la ausencia de formación en valores. Tal realidad afecta a miles de nuestros compatriotas -futuros ciudadanos-, cuyo potencial de desarrollo humano integral queda frustrado por situaciones que en muchas ocasiones inciden en su presente y futuro de manera negativa.
El 2003 se realizó en la capital de nuestro país el foro “¿Son las y los jóvenes actores o víctimas de la violencia?”.
El fenómeno de la violencia en nuestro país -en ascenso continuo- posee raíces estructurales, que incluyen la marginalidad en que transcurre la precaria existencia de compatriotas de ambos sexos y distintas edades, la mayoría migrantes procedentes de áreas rurales que se han desplazado a centros urbanos en búsqueda de oportunidades laborales y educativas.
La paternidad irresponsable provoca que muchos hogares sean dirigidos únicamente por las madres, lo que causa mayores dificultades para obtener ingresos económicos que garanticen la supervivencia de ellas y su prole, lo que obliga al trabajo infantil bajo la presión maternal, lo que a su vez provoca la deserción escolar -temporal o definitiva-. Cuanto más numeroso es el núcleo familiar, mayor es el número de niños (as) y adolescentes trabajadores en actividades diversas -incluyendo la mendicidad inducida-, poco remuneradas, de baja calidad y alto riesgo.
Carecen de protección legal, y los y las que trabajan en las calles están más expuestos a la violencia, criminalidad e inseguridad, a riesgos en su salud, pudiendo ser objeto de abuso sexual, consumo de drogas, reclutamiento por parte de pandillas, desapariciones forzadas.
Quienes sean presionados o, por decisión propia, ingresen a las maras deben tener la oportunidad de su rehabilitación y reinserción dentro de la sociedad, contando con la debida protección oficial para ello, sin ser estigmatizados. La prevención debe ser política prioritaria a efecto del abordaje puntual antes que se afilien a bandas delictivas, reprimidas por la fuerza policial, por maras rivales o por su propia pandilla. Los programas rehabilitadores deben formar parte de una política social de Estado de carácter integral, con diversas metodologías y estrategias, en coordinación con organizaciones no gubernamentales, formando parte de una política social y estatal.
Los medios masivos de comunicación debemos formar parte de este rescate de nuestra niñez y juventud, en condiciones de abandono, inseguridad, riesgo, al igual que las organizaciones educativas públicas y privadas y las distintas organizaciones religiosas de distintas denominaciones.
Todos tenemos cuota de responsabilidad y a todos, por igual, nos corresponde intentar el rescate de la niñez y juventud cuando aún hay tiempo, antes de que forme parte de la llamada “generación perdida”.
