Definidos como aquellas personas que mienten y manipulan de forma obsesiva y constante, al punto que sienten que mentir es casi una necesidad, generando consecuencias negativas y conflictivas. Se trata de un estado patológico que requiere de tratamiento psicológico a efecto de restaurar gradualmente la normalidad.
En nuestro país, los políticos tienden a padecer de este trastorno mental, también conocido como “síndrome de Pinocho”, cuento infantil creado por el italiano Carlo Collodi. A las mentiras crónicas agregan cuotas de cinismo de manera tan obvia que van perdiendo credibilidad en razón de sus falsedades y promesas -particularmente en épocas electorales-, que no están dispuestos a cumplir pero que son utilizadas como anzuelo para captar votos que les permitan acceder y/o continuar en el poder y en el disfrute de diversos privilegios.
Así, lo que ayer era repudiado y condenado, hoy es implementado con igual o mayor intensidad, con absoluta desfachatez, tal es el caso con el uso discrecional de recursos públicos desviados con fines proselitistas y de beneficio hacia la parentela por parte de diputados, ministros y otros funcionarios con acceso a fondos estatales que deben ser invertidos en proyectos de beneficio comunal.
Ahora que se va conociendo el trasfondo de la corrupción enraizada en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en el Congreso Nacional surgen intentos justificativos que no logran convencer ni persuadir. Se trata de sumas millonarias producto del pago de nuestros impuestos y de préstamos negociados con la banca internacional y nacional y con organismos internacionales de crédito.
En los círculos del poder, nada ha sucedido: todo es y está “normal, bajo control”. Empero, la magnitud de este, el más reciente escándalo, ha motivado a ciertos diputados del partido hecho gobierno a repudiar lo ocurrido, declarando que se ponen en práctica similares denunciadas en el reciente pasado, hoy revividas. La condena y el repudio van aumentando en intensidad por parte de instituciones de la sociedad civil, la empresa privada, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la ASJ, entre otras.
La corrupción e impunidad agudiza la pobreza, debilita el desarrollo social y económico, afecta la prestación de servicios públicos, corrompe la democracia. A todos nos afecta, por lo cual su denuncia, rechazo y combate debe ser permanente, involucrándonos a todos. Se trata de un cáncer que devora el cuerpo y el alma de la nación y cuando hace metástasis ya es demasiado tarde: es el aviso de muerte inminente.
