La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Cano, presentó una iniciativa de ley para derogar varios artículos del decreto 04-2022, mediante el cual se otorgó una amnistía general en febrero de 2022.
El proyecto plantea derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la denominada Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de febrero de ese año.
Asimismo, propone dejar sin valor y efecto las cartas de libertad otorgadas a las personas beneficiadas con dicha amnistía, así como ordenar a jueces y tribunales revisar de oficio los procesos penales en los que se haya aplicado el beneficio.
La iniciativa establece que los expedientes archivados en el Ministerio Público de Honduras, juzgados y tribunales, relacionados con los delitos contemplados en el decreto, deberán reactivarse para continuar con su judicialización, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
También señala que el Ministerio Público estará obligado a ejercer la acción penal en estos casos, independientemente de que las víctimas actúen como acusadores privados.
En la exposición de motivos, Cano argumentó que la amnistía aprobada en 2022 fue amplia e incondicional, y que incluyó delitos más allá de los políticos y conexos, abarcando conductas relacionadas con la integridad física, la propiedad, la fe pública y otros ilícitos.
La diputada sostuvo que, a su criterio, la normativa representó un retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, al haber permitido la liberación y el cierre de procesos judiciales.
El proyecto turnado a la comisión de dictamen que preside el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez deberá presentar el dictamen durante la sesión del miércoles según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Beneficiados conocidos
Aunque las autoridades no han divulgado un listado oficial completo de beneficiados, distintos casos han sido documentados desde la aprobación de la ley.
Entre los más conocidos figuran: Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia, quien obtuvo sobreseimiento definitivo en procesos penales relacionados con delitos contra la administración pública.
Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, quien fue liberado de responsabilidad penal en procesos por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude.
Ambos fueron de los primeros exfuncionarios en acogerse a la amnistía tras su aprobación en el Congreso Nacional.
El exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri también fue otro de los exfuncionarios que resultaron beneficiados con la Ley de Amnistía Política que le permitió dejar sin efecto procesos judiciales en su contra vinculados a su gestión municipal en 2006-2009. Sunseri incluso regresó al país tras permanecer exiliado en Estados Unidos y postularse para candidato a la alcaldía de San Pedro Sula.
Sectores críticos han señalado que, aunque la ley fue planteada para beneficiar a perseguidos políticos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, los casos más visibles han correspondido a exfuncionarios señalados por corrupción, lo que originó que la normativa fuera denominada por opositores como un “pacto de impunidad”.
