La Ley de Amnistía Política, que entró en vigor hace más de dos años y aprobada con el propósito de extinguir procesos penales contra presos políticos y defensores de derechos humanos, continúa siendo objeto de intensos cuestionamientos.
El decreto aprobado en febrero de 2022, tenía como objetivo extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
A pesar de sus objetivos originales, varios sectores han expresado su preocupación sobre la aplicación de la ley, argumentando que ha beneficiado a exfuncionarios acusados de corrupción, más que a las personas perseguidas por su activismo social y político.
Sin embargo, críticos de la ley, a la que también se refieren como un “pacto de impunidad”, sostienen que la normativa ha favorecido principalmente a exfuncionarios vinculados a casos de corrupción, más que a personas perseguidas por defender derechos civiles, territorios y recursos naturales.
Promesas incumplidas
Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que la Ley de Amnistía Política estaba destinada a beneficiar a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 opositores políticos. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado informes oficiales sobre cuántos de estos procesos penales han sido efectivamente extinguidos bajo dicha legislación, lo que ha generado críticas y dudas sobre su verdadera implementación y alcance.
Los casos más notorios de personas beneficiadas por la amnistía incluyen a exfuncionarios como Marcelo Chimirri, Enrique Flores Lanza, Rafael Barahona y Rodolfo Padilla Sunceri, lo que ha generado críticas sobre el verdadero propósito de la ley.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional la ley de amnistía, una decisión que ha avivado el debate.
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, criticó duramente la medida, señalando que “la amnistía ha protegido a corruptos de cuello blanco, no a presos políticos”. Según Mejía, la ley ha beneficiado a los allegados a la familia Zelaya y no a las personas que lucharon por sus derechos.
Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) calificó la resolución de la CSJ como un acto de politización de la justicia, lo que, según ellos, otorga una ventaja a los corruptos y debilita el sistema judicial hondureño.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, acusó a la ley de servir como un mecanismo para consolidar el poder familiar, afirmando que “la amnistía política tiene sus propios jueces, sus propias leyes y sus propios corruptos”.
Un punto de vista a favor
No obstante, Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), defendió la constitucionalidad de la ley, argumentando que fue diseñada para proteger a las víctimas de persecución política tras el golpe de Estado de 2009.
Según Oliva, el Cofadeh ha emitido más de 40 certificaciones de amnistía a personas que fueron injustamente perseguidas, lo que, en su opinión, refleja el objetivo de la ley.
Honduras sigue dividido respecto a la ley de amnistía, el impacto sobre las víctimas de persecución política y los exfuncionarios acusados de corrupción continúa siendo un tema delicado.
La falta de transparencia en los beneficiarios del decreto sigue generando inquietud en amplios sectores de la sociedad hondureña, que exigen una reforma profunda o incluso la eliminación de lo que consideran un “pacto de impunidad”.
