El exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, ahora libre tras sendos procesos judiciales que lo llevaron y sacaron de la cárcel en varias ocasiones, fue uno de los diez hondureños incluidos en la actualización de la Lista Engel que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la que los acusa de corruptos, además de revocarles sus visas.
Tras esto, casi por unanimidad, todos los involucrados han salido a los medios de comunicación a rechazar los cuestionamientos de aquel país y han argumentado desde persecuciones hasta intentos de golpes de Estado en Honduras.
En el caso de Chimirri, comenzó diciendo al respecto que "las personas y los sectores que han estado en guerra contra nosotros, la tienen que apretar porque ahora vamos con todo".
"Si me quieren poner en una lista por defender los intereses de Hondutel, háganlo. Siempre ha habido una persecución en contra nuestra, lo estamos tomando a través de los emisarios que ellos mismos envían para hablar cualquier sandeces, es problema del Gobierno que tiene tantas personas que solo le hacen daño al país”, expresó Chimirri.
“Solo porque dos infelices de aquí se va a hablar tonteras con una loca que ahora vive allá deja mucho que desear”, tildó. "Una está molesta porque no la pusieron de Fiscal General, el otro está molesto porque no es el candidato de uno de los partidos que maneja el bipartidismo en este país. Solo llevan odio y tonteras en Estados Unidos”, agregó sin mencionar nombres.
Restó importancia a la Lista Engel
"A estas alturas nadie ha podido probar qué se perdió en Hondutel, increpó, al mismo tiempo, pidió que hable con el sindicato para que confirmen si se ha perdido algo. Que me incluyan a la lista que quieran, no hay que darle gusto a cualquier loco que se encuentra uno en la vida. Todos los estadounidenses que han venido aquí han sido “moneditas de oro”, cuando nos tocó defender la empresa Hondutel, fuimos víctimas", remarcó Chimirri.
Sociedad exige respuestas
Herida profunda Más allá de las tensiones diplomáticas y controversias en los cimientos políticos, la lista puso a la sociedad civil en el centro de la escena, exigiendo justicia y rendición de cuentas.
El consultor anticorrupción Alex Navas cuestionó que sea otro país el que interfiera en señalamientos cuando en Honduras existe un Ministerio Público cuyo deber es indagar los delitos. “Se deben investigar a fondo las acusaciones y deducir responsabilidades, ahora más que nunca se siente necesario traer un organismo anticorrupción al país”, apuntó.
Mientras tanto, Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pormenorizó que los señalados se convierten en personas de especial interés para Estados Unidos y que en un futuro se podrían incluir cargos. Otra de las consecuencias, a su parecer, es el corte comercial que pudieran tener empresas vinculadas a Estados Unidos, evitando transacciones de todo tipo.
Luis Urbina, jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), insistió en que autoridades hondureñas deben investigar a involucrados, sustentar los casos y judicializarlos. “La población necesita justicia y pedimos que esto no quede en la impunidad”, subrayó. A la petición de investigar a quienes salieron en el listado se sumó Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
