La diputada por Cortés, Linda Frances Donaire Portillo, presentó este martes un proyecto de decreto en el Congreso Nacional que propone reformar el Código Penal para tipificar la difusión no consentida de contenido íntimo como un delito específico.
La iniciativa legislativa impulsada busca proteger la privacidad y dignidad de los ciudadanos en el entorno digital en un contexto donde la violencia digital ha ido en aumento, afectando principalmente a mujeres y jóvenes.
Según la exposición de motivos del proyecto, la circulación de fotografías, videos o grabaciones de carácter sexual sin autorización de la persona afectada vulnera derechos fundamentales y puede tener efectos devastadores sobre la salud mental, la seguridad personal y la vida social de las víctimas.
Inspirada en la “Ley Olimpia” de México, la iniciativa busca establecer sanciones claras y mecanismos de protección efectivos para quienes sean víctimas de esta práctica. Entre las medidas contempladas se incluye prisión de tres a siete años para los responsables, y penas que pueden ascender a diez años en casos agravados, como cuando la difusión se realiza con fines de venganza, chantaje o intimidación.
Además de las penas de prisión, el proyecto contempla multas económicas de entre veinte y cien salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias agravantes. También establece la posibilidad de inhabilitar a los responsables para ejercer actividades profesionales relacionadas con la tecnología de la información durante periodos de cinco a diez años.
El decreto también enfatiza la obligación de eliminar de manera inmediata el contenido difundido de todas las plataformas digitales, con el fin de restituir la privacidad de la víctima. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas afectadas a recibir una compensación económica por los daños psicológicos, morales y sociales ocasionados.
Durante todo el proceso judicial, el proyecto garantiza la confidencialidad y el anonimato de la víctima, buscando evitar la revictimización y proteger su integridad. La iniciativa también pretende fomentar una cultura de respeto hacia la privacidad y la dignidad humana en el entorno digital.
La Congresita Donaire destaca en su moción que la rápida expansión de la tecnología y el uso de plataformas digitales ha incrementado la vulnerabilidad de la población frente a estas conductas. Por ello, considera urgente establecer un marco legal robusto que permita prevenir, sancionar y reparar los efectos de la violencia digital.
De aprobarse, la ley marcaría un precedente en Honduras al reconocer de manera específica la violencia digital como delito y proporcionar a las víctimas herramientas legales claras para defender su privacidad.
El proyecto ya se encuentra en proceso de análisis en el Congreso y podría convertirse en una herramienta clave para proteger los derechos de los ciudadanos en la era digital.
