De acuerdo a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), desde el año pasado ha ocurrido un cambio respecto a los autores intelectuales y materiales de esta modalidad criminal: nuevos actores han surgido reemplazando parcialmente a los integrantes de las maras.
Una mezcla heterogénea de reos que tras haber cumplido su condena y recuperar su libertad, se dedican a extorsionar; desertores de las maras, personas que no han pertenecido a estas bandas delictivas, propietarios de unidades de transporte, agentes de cuerpos de seguridad aliados con el crimen organizado, convertidos en cómplices, adaptándose a nuevas circunstancias y obtener beneficios de ellas.
Todos utilizan el chantaje, las amenazas de exterminio para inculcar terror entre las víctimas potenciales; estas por su parte o denuncian, se llaman a silencio, abandonan sus hogares -convirtiéndose así en desplazados internos-, cierran sus negocios o bien optan por pagar la o las cantidades exigidas, convencidos que no cuentan con alternativas.
De acuerdo con informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 300,000 hogares fueron víctimas de la extorsión entre 2022 y 2024, creciendo de 9% a 11.6%.
La extorsión no solo es un delito, también una fuente de ingresos para las y los delincuentes y sus aliados, que evidencian la debilidad de los cuerpos de seguridad a cargo de la protección de las personas, en sus vidas y bienes.
Hasta ahora las ocasionales políticas de mano dura prometidas desde el acceso al poder del ex presidente Ricardo Maduro con su “cero tolerancia” hasta el presente, han tenido pocos resultados positivos, sean operativos y saturaciones, lo que significa que existen infiltrados que advierten con antelación el día y hora en que se realizarán, logrando neutralizarlas o, cuando menos, reduciendo su efectividad.
Es por ello que el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, concluye que se requiere de “un profundo proceso de profesionalización de los cuerpos investigativos y una revisión exhaustiva de quienes anteriormente formaron parte de unidades especializadas como la Dipampco y la Fuerza Nacional Antiextorsión”.
El Informe presentado por International Crisis Group, con sede en Bruselas, Bélgica, daba cuenta que alrededor del 79% de las pequeñas empresas registradas en nuestro país y el 80% de los comerciantes informales informaban haber sido extorsionados. Los pequeños empresarios, los trabajadores del transporte -motoristas de buses y taxistas-, se encuentran entre las víctimas fatales de las y los extorsionadores, segando vidas, dejando viudas y huérfanos, impactando en las economías familiares y, por extensión, en la economía nacional.
Ninguna nación puede sobrevivir indefinidamente a los embates de criminales y parásitos, amparados en el manto de la impunidad. Tal intolerable condición debe ser revertida por constituir un ataque directo a la seguridad nacional.
