Este departamento, rico en recursos naturales, suelos fértiles, espíritu emprendedor de sus habitantes, ha sido copado para fines delictivos por miembros de la familia Urbina Soto, involucrada tanto en el narcotráfico como en la extorsión de madereros y comerciantes, a tal punto que mediante el recurso de la violencia, utilizando una red de criminales, además de ingenieros forestales con contactos en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), filtran información pertinente para proceder a extorsionar a empresarios madereros, según denuncia pública de los afectados. Así, esta familia ha acumulado cuantiosa fortuna de manera totalmente ilícita, a vista y paciencia de las autoridades locales.
Recuérdese que uno de los integrantes de este clan, Arnaldo, exalcalde de la cabecera departamental de Yoro, en su momento cabecilla de esta bandas, fue extraditado el 31 de enero de 2023 hacia Estados Unidos, tras cinco años y ocho meses encarcelado en Honduras, cumpliendo condena por lavado de activos.
Su reemplazo en la delincuencia lo ha asumido su hermano Carlos Fernando, capo reclamado por narcotráfico por las autoridades de la Unión Americana, sin que se proceda a su captura, lo que revela que tal como lo denuncian los afectados cuenta con protección policial que le permite delinquir con total impunidad.
Tal alianza y colusión representa una coalición de delincuentes con la autoridad supuestamente encargada de garantizar la ley y el orden, lamentan los afectados.
Esta es una denuncia grave que debe ser investigada a fondo tanto por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, como por el titular del Ministerio Público, Johel Zelaya.
Ya no solo el departamento de Gracias a Dios permanece al margen del control efectivo del Gobierno central, convertido en refugio y santuario de narcotraficantes nacionales y extranjeros, crecientemente otras regiones del país están corriendo igual suerte, transformadas en feudos privados en que predomina la ley del más fuerte; es decir, la de criminales de toda laya que imponen su voluntad y designios sabiendo que son amparados por los uniformados, convertidos en instrumentos y guardaespaldas a cambio de prebendas, en tanto los hombres y mujeres de bien pasan sumidos en desprotección y cuantiosas pérdidas en sus ganancias, obtenidas de manera honrada y transparente.
La lucha contra estas estructuras criminales debe ser más efectiva e ir más allá de los enunciados en los planes de gobierno y en los discursos de los funcionarios.
