En el curso de esta semana, el Congreso Nacional iniciará el conocimiento y análisis del proyecto de la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, cuyo objetivo declarado radica en “establecer un mecanismo especial, excepcional y simplificado para la emisión de licencias ambientales que permita agilizar los procesos administrativos”, justificando la urgencia de su aprobación con el fin de atraer inversiones.
El actual proyecto de ley ha sido analizado tanto por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) como por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). Ambos concluyen que, con mucho, las desventajas superan cualquier posible ventaja.
La primera de estas organizaciones de la sociedad civil advierte que no se toman en cuenta “los daños sociales y ambientales provocados por los mal llamados proyectos de desarrollo. De aprobarse este proyecto de ley se estará limitando el acceso a la información pública y la consulta ciudadana”.
No debe olvidarse que la actual administración se había comprometido públicamente con movimientos sociales y ambientalistas a respetar la normativa vigente en materia de otorgamiento de licencias ambientales, promesa incumplida. Los proyectos que se aprueban sin mucho estudio, por lo general, contribuyen a la creciente contaminación y deterioro del medio ambiente, en perjuicio de la salud de los habitantes de las áreas otorgadas en concesión a empresas; por ejemplo, mineras, que extraen los minerales a cielo abierto y las forestales que talan indiscriminadamente los bosques, con ello secando las fuentes hídricas disponibles, resultando en sequías, pérdida de cosechas, destrucción de flora y fauna, convirtiendo zonas productivas agrícolas en desérticas.
Los rechazos y protestas de las comunidades y los ambientalistas son reprimidas, judicializadas, con el objetivo de detener y amedrentar a los protestantes.
Si pese a ello continúan las oposiciones colectivas, se recurre a la eliminación física, siendo el caso más reciente e impactante, por haber trascendido más allá de nuestras fronteras, el de Juan López, celebrador de la Palabra y dirigente ecológico, crimen en virtual impunidad al no haberse arrestado a los autores intelectuales.
Los diputados al momento de estudiar el contenido de este proyecto de ley deben tomar en cuenta los perjuicios que pueden derivarse de su aprobación, en desmedro del bien común y provecho de poderosos intereses particulares, sopesando aquel de este en el fiel de la balanza.
