Tanto por la cuantía de las pérdidas, que ascienden por lo menos a 428 millones de lempiras, como por ocurrir en distintas ciudades y departamentos del país, ese es el calificativo apropiado para este delito que ha afectado a más de 35,000 compatriotas, la gran mayoría de ellos de bajos ingresos. Hasta ahora, cinco integrantes de esta red criminal, como la ha calificado el Ministerio Público, han sido arrestados por lavado de activos, adicionalmente enfrentan cargos por asociación para delinquir.
Pero este quinteto de estafadores no forma parte de la cúpula que planificó el gigantesco atraco, es decir, los autores intelectuales, de los que no se conoce absolutamente nada. ¿Se encuentran en el país o lograron fugarse al exterior? ¿Son connacionales o extranjeros? ¿Cuáles son sus nexos y vinculaciones con políticos y funcionarios locales?
La manera por demás torpe en que la Comisión de Bancos y Seguros actuó luego de trascender públicamente lo perpetrado, con ausencia de controles y seguimiento para poder reembolsar a por lo menos una parte de los
perjudicados, al extremo de devolver al gerente de Koriun, Iván Velásquez Castro, millonarias cantidades para que a su vez devolviera el capital depositado a quienes confiaron en la solvencia de esta empresa de fachada y la inexistencia de documentación pertinente, han incidido de manera directa en las severas pérdidas de los “socios”, sin visos, hasta ahora, de la posibilidad real de recuperar lo invertido, producto de ahorros, prestaciones laborales, remesas.
¿Quedará en el limbo este enorme fraude? ¿Qué impide reembolsar a por lo menos una parte de las víctimas los montos en mala hora confiados a delincuentes? ¿Deberán acaso concluir que no recuperarán las cantidades entregadas, aceptando que perdieron la batalla legal?
El tiempo ha transcurrido desde 2023, cuando Koriun inició el montaje de la estafa piramidal en Choloma, con éxito tal que pronto instaló agencias en La Entrada (Copán), Santa Bárbara, Juticalpa, Choluteca y Danlí, utilizando como estrategia el pago del 5% de intereses semanales, porcentaje muy superior al que ofrece la banca comercial local.
Y a medida que los meses transcurren, sin que los estafados reciban alguna noticia positiva, crece proporcionalmente la indignación, impotencia, rechazo de las víctimas, actitud que inicialmente los llevó al bloqueo de carreteras, agresiones a la fuerza policial y sus vehículos, provocando pérdidas al comercio e industrias que no pudieron desplazarse a los puntos de destino. La institucionalidad en Honduras es tan débil y carece de credibilidad ciudadana, dejando en evidencia la improvisación, al igual que la incapacidad ejecutiva para aplicar orden y estabilidad en distintos aspectos de la vida social y económica de la nación.
