A medida que las opciones disponibles para percibir ingresos para la subsistencia propia y familiar se van reduciendo, miles de compatriotas deben ingeniar estrategias que les permitan aportar sustento diario a sus hogares.
El desempleo a medida más empresas cierran operaciones o se trasladan a otros países, el creciente costo de vida, las trabas burocráticas para abrir un negocio, obligan a ingresar al sector informal de la economía, con la inseguridad inherente a tal actividad, en que se carece de seguridad social y de un salario fijo que permita una relativa planificación de ingresos y egresos en el presupuesto familiar y personal.
Actualmente, la informalidad laboral representa el 44% del PIB en nuestro país y la tasa de empleo informal asciende al 82.6%, la segunda más alta en Centroamérica, conforme a cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Los bulevares, avenidas y calles de nuestras ciudades se encuentran literalmente invadidas por vendedores, nacionales y extranjeros, que intentan vender todo tipo de mercancías, debiendo competir entre ellos, y al carecer de acceso al crédito bancario se ven obligados a recurrir a prestamistas no regulados que cobran tasas usurarias de interés diario y semanal, lo cual impide hasta modestas ganancias para los vendedores.
De no pagar a tiempo capital e intereses están expuestos a represalias diversas que incluyen agresiones físicas.
Mientras no cuenten con legislación específica que regule los mercados informales de crédito están a merced de inescrupulosos que se lucran con las necesidades económicas del prójimo que se gana el pan de cada día de manera lícita.
Adicionalmente, los comercios hondureños, grandes y pequeños, sobre todo en la capital, sufren de competencia desleal por parte de negocios de nacionalidad china que, de acuerdo con la economista Amparo Canales, tienen acceso a financiamiento en mejores condiciones que los nacionales, ofreciendo mercaderías a precios muy bajos, con el propósito deliberado de sacar del mercado a la competencia hasta llevarla a la quiebra.
Las políticas públicas para atender esta problemática no existen, y si las hay, no están siendo aplicadas, lo que agrava las condiciones de vida de millones de compatriotas que todos los días deben ingeniárselas para llevar el pan de cada día a la mesa familiar.
Quienes gobiernan no pueden hacerse los desatendidos y más bien buscar soluciones integrales a esta problemática.
