Ante la ausencia de una oposición política crítica y propositiva, el actual Gobierno y varios de sus altos personeros, en acción suicida, se han encargado de debilitarlo y desacreditarlo con actos que, desde todo punto de vista, son y deben ser considerados como violatorios tanto de la ley como de la ética.
Un sucinto repaso de lo ocurrido en estos tres años y medio de gestión oficial incluyen un repertorio de ilícitos que incluyen el otorgamiento de amnistía política a militantes de Libre, la continuidad del Fondo Departamental, hoy con otro nombre, que perpetúa el despilfarro de fondos de las partidas presupuestarias del Congreso Nacional. El oficialismo, según denuncias de la oposición, los maneja a su entera discreción, otorgándolos a cambio de respaldos al momento de aprobarse mociones de interés para el Ejecutivo. Viajes a los cuatro puntos cardinales del planeta, costosos e innecesarios, resulta en otra forma en que se derrochan nuestros impuestos. El video en el que el vicepresidente del Congreso Nacional, cuñado de la presidenta Castro, negocia con narcotraficantes financiamiento de una campaña política ha provocado un escándalo de tal magnitud que ha trascendido el ámbito nacional.
Y ahora, el más reciente caso, la entrega de fondos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entregados por el titular de esa cartera ministerial, José Carlos Cardona, para apoyar a militantes de Libre integrados en la red organizada por la vicepresidenta del Legislativo, diputada Isis Cuéllar, en el departamento de Copán.
Las justificaciones hasta ahora divulgadas por ambos personeros no logran convencer ni persuadir a la opinión pública respecto a la gravedad de lo perpetrado, de tal magnitud que ha obligado a la presidenta Castro a ordenar rápida investigación por parte de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas.
Este mecanismo de desviación de fondos para fines distintos a los presupuestados ha sido y continúa siendo una práctica de todos los partidos políticos hondureños una vez acceden al poder. No obstante, el que mereció la mayoría de votos ciudadanos con sus promesas de rectificaciones en la conducción del Estado, ofreciendo honestidad, moralidad, compromiso con los intereses y aspiraciones colectivas, implementación de cambios trascendentales para bien público, ha continuado en el ejercicio de similares prácticas corruptas, provocando con ello desengaño y rechazo de compatriotas, incluso por parte de militantes del partido que ofreció la refundación estatal. Así, el sabotaje a la actual administración se origina en su seno, provocando heridas que no cicatrizan y que tendrán consecuencias adversas a sus propósitos electorales triunfalistas el próximo mes de noviembre, si se realizan elecciones absolutamente honestas, transparentes, supervisadas tanto a lo interno como a lo externo de la nación. La codicia, la percepción del Estado como un botín a ser repartido entre los círculos íntimos hechos poder, la aplicación selectiva de la justicia, continúan vigentes y presentes en esta administración.
