Sus inicios se remontan a 1971, durante la presidencia de Nixon, creándose la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en 1973, ante el creciente consumo de estupefacientes por parte de los estadounidenses, particularmente jóvenes y veteranos de la guerra en Vietnam.
El mayor flujo de drogas procedía inicialmente de México, por lo que ya en 1969 Washington implementó la Operación Intersección, cerrando temporalmente la frontera compartida con el vecino país sureño y exigiéndole “hacer más” para contener el flujo de marihuana y crecientemente también de cocaína por parte de bandas de narcos que adquirían tales drogas desde Colombia, con rutas de tránsito terrestre por Centroamérica y marítimo por el Caribe.
Paulatinamente inundaron el principal mercado consumidor mundial de heroína, crack, drogas sintéticas, fentanilo y opiáceos, afectando la salud física y mental de millones de personas, elevando los índices de crímenes violentos.
Desde aquella fecha a la actualidad ha quedado evidenciado que resulta insuficiente solamente el perseguir a los productores y traficantes extranjeros en sus naciones de origen, con programas de erradicación de cultivos, vía fumigación, extradición y captura de capos, entrenamiento de fuerzas militares y policiales, dotándolas de equipos de intersección, y fomento de cultivos alternos entre el campesinado.
Simultáneamente se debería enjuiciar a consumidores y proveedores mayoristas estadounidenses, además de campañas de educación masiva, investigando a bancos dedicados al lavado de los billones generados por tan letal comercio.
Con pruebas de control de drogas al momento de aplicar a un empleo, prohibiendo la entrada de narcóticos a su territorio en los puntos de entrada y terminales, tanto con México como con Canadá, lo que implica una gigantesca movilización de recursos humanos y materiales.
El muro erigido en la frontera con México para el control de migrantes y drogas no ha logrado impedir totalmente ese tráfico, que prosigue en la medida que crece la demanda.
Todo ello ha llevado a concluir que únicamente la responsabilidad compartida entre Estados Unidos y los países productores, con un mercado regulado y legal, y la legalización del consumo, tal como lo aplican Uruguay y Portugal, entre otros países, logrará reducir el consumo.
El actual enfrentamiento con los Gobiernos de Venezuela y Colombia, con el hundimiento de embarcaciones supuestamente transportando drogas, con saldo de víctimas, resulta ser una iniciativa parcial, con repercusiones que pueden conducir a enfrentamientos bélicos.
