Ha corrido la sangre, no importando si los compatriotas heridos pertenecen a determinado partido político. Ello ocurrió cuando en las inmediaciones del Infop capitalino se lanzó una lluvia de piedras por parte de militantes oficialistas en contra de personas afiliadas a partido opositor.
Si ayer se utilizaron objetos, mañana se puede recurrir a emplear armas de fuego, con ello agravando más las confrontaciones callejeras entre hermanos, actuando de manera irracional y fanatizada, incitados a tales conductas por dirigencias que manipulan y atizan odios y pasiones hasta límites que pueden desembocar en consecuencias letales, dejando estela de luto en familias inocentes.
De no prevalecer la racionalidad y sensatez, el patriotismo y la cordura podemos llegar a enfrentamientos propios de una guerra fratricida a escala nacional, todo con el propósito de interrumpir y prolongar la actual crisis hasta que llegue el 30 de diciembre impidiendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgue los resultados oficiales y definitivos tras haber finalizado la totalidad del escrutinio.
Se dice que las intenciones desde el sector oficial serían que corresponda a la comisión permanente del Congreso Nacional proclamar al triunfador, lo que equivale a imponerse a la voluntad del soberano manifestada contundente y transparentemente en las urnas el pasado 30 de noviembre. Si ello ocurriera, y no puede ser descartado, se estará abiertamente violando el derecho a la participación y a la libertad de elegir, violando la normativa constitucional. En las actuales dramáticas circunstancias, toda iniciativa ilegal, antijurídica, es posible y no puede ser descartada.
Diario LA PRENSA ha emitido reiterados llamados a la paz, la transparencia y legalidad, y la respuesta ha sido el eco del silencio por parte de quienes están obligados, legal y moralmente, a abstenerse de intervenir en abierta violación de la institucionalidad electoral, misma que debería tener total libertad para el normal desempeño de sus funciones.
Una vez más, y no claudicaremos en tal responsabilidad, denunciamos cualquier intento de sabotaje y apelamos de nueva cuenta a defender el Estado de derecho, hoy en inminente riesgo de ser violado, avasallado por la ambición -desmedida e ilimitada- de cúpulas que buscan a toda costa continuar indefinidamente en el poder, no importando los costos humanos que tal maquinación implique para la estabilidad de la nación hondureña.
Tanto la comunidad nacional como internacional debe estar al tanto de lo que está sucediendo para, al unísono, denunciar, condenar e impedir la ruptura del orden constitucional. La total solidaridad es necesaria para su defensa, aquí y ahora.
