Lejos de pasar desapercibido su retorno al país el pasado 26 de julio, su presencia ha suscitado múltiples comentarios e interpretaciones, dado el alto cargo que desempeñó al frente de la nación durante dos períodos presidenciales, el segundo cuestionado por entrar en conflicto con artículos constitucionales pétreos que prohíben la reelección presidencial, so pena de sanciones.
Adicionalmente, su gestión presidencial —la misma que se caracterizó por la preeminencia del Poder Ejecutivo y la subordinación a este de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, así como por actos de alta corrupción de diversa naturaleza, al igual que por aciertos diplomáticos, entre ellos el reconocimiento oficial por parte de Nicaragua del derecho hondureño al libre acceso al océano Pacífico, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia— merece análisis objetivos que sopesen ambos extremos, vale decir, aciertos y desaciertos, logros y limitantes, hasta alcanzar una evaluación fidedigna.
Mientras ello ocurre, el ciudadano Hernández debe emprender su defensa legal para responder a los diversos cargos en su contra formulados por el Ministerio Público. La justicia hondureña está ante un reto y un desafío que determinarán si su impartición es de carácter igualitario o selectivo, imparcial o parcial. Él —y su equipo de abogados— debe presentar todas aquellas pruebas que comprueben su inocencia respecto de las acusaciones pendientes de ser resueltas.
Como todo ciudadano, los juicios en su contra deben partir del principio jurídico de presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, así como del respeto al derecho a la defensa.
Da inicio una batalla legal que, o bien lo condenará, o bien lo absolverá. Debe ser en los tribunales —y no en la palestra pública— donde se resuelva el desenlace final.
Siendo, como es, un hombre público controversial, con aceptaciones y rechazos, seguidores y adversarios, el juez o los jueces a cargo de enjuiciarlo deben abstraerse de toda polémica respecto de su gestión como gobernante para administrar las diversas etapas del juicio y sentenciar en total consonancia con la legislación aplicable al caso concreto, con absoluto profesionalismo.
Cualquier influencia externa al juicio debe ser, a la vez, rechazada y descartada, sin inclinarse a favor o en contra a priori. Serán las pruebas aportadas por ambas partes, la defensora y la acusadora, las que demostrarán su culpabilidad o inocencia.
Honduras y el mundo estarán pendientes del desarrollo de este juicio, que reviste caracteres históricos por su complejidad y por la trayectoria pública del ciudadano Juan Orlando Hernández.
No olvidemos que el nivel de eficiencia y credibilidad de las instituciones del sistema de justicia es el pilar sobre el que descansa la construcción democrática. Un Poder Judicial independiente es el pilar de un sistema de controles y equilibrios contra el poder arbitrario, tal como nos recuerda el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De no cumplirse tal premisa, prevalecerá cada vez más la desconfianza ciudadana respecto del desempeño de la justicia, concluye.
