Cuando el actual Gobierno tomó posesión, tras el respaldo ciudadano otorgado como una contundente manifestación de repudio a la masiva corrupción, nepotismo, secretividad, institucionalizadas en el anterior régimen, se esperaba que a partir de 2021 se instalara un nuevo estilo en el arte y ciencia de administrar a la nación.
Vana ilusión, convertida en decepción y frustración colectivas.
Han continuado, imparables, los vicios del reciente pasado, pese a reiteradamente haber justificado la falta de dinamismo oficial por el hecho de que las arcas estatales fueron saqueadas sistemáticamente por las autoridades precedentes.
El más reciente ejemplo del despilfarro ha ocurrido en la Secretaría de Derechos Humanos, al adjudicar contrato por 19,322,968 lempiras por el alquiler de vehículos blindados de lujo, pese a que en septiembre de 2024 había rechazado propuesta de la misma empresa por el arrendamiento de ocho unidades blindadas, cotizadas en L7,287,184.
Simultáneamente, se reduce el presupuesto destinado a la protección de comunicadores, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, en permanente situación de riesgo, por denunciar actos arbitrarios, ilícitos, provengan de donde provengan, aun a sabiendas del peligro inminente que acecha sobre su integridad física.
Los constantes viajes al exterior de funcionarios son injustificables, al no representar beneficio para el país, como tampoco los pagos otorgados a diputados incondicionales con el presente Gobierno por parte del titular del Legislativo, otro frecuente viajero a los cuatro puntos cardinales del planeta, convocando a sesiones de manera infrecuente, de acuerdo con su conveniencia.
La publicidad gubernamental es otra fuente de desperdicio de nuestros impuestos, mismos que deberían ser canalizados hacia obras de beneficio colectivo, nacional y comunal.
Además de dinero, también se despilfarra el tiempo que los ministros y sus cajas de resonancia dedican a lanzar ataques e insultos a periodistas independientes, a los opositores políticos, incluso, a disidentes de su propio partido, cuando deberían justificar sus elevados sueldos cumpliendo sus obligaciones y responsabilidades laborales.
Aparte del acelerado derroche, igualmente se endeuda aún más al país, tanto con la banca extranjera y nacional como con los organismos internacionales de crédito, cada vez más en términos onerosos, que han rebasado con creces la capacidad real de pago de Honduras.
Ese es el legado que heredarán las generaciones venideras
