Hermana de tiktoker ya había sido capturada en 2022: revelan nuevos detalles
La joven Claudia Jackeline Suazo Turcios fue llevada a una cárcel de máxima seguridad en el interior del país.
- Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 17:26 -
El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Claudia Jackeline Suazo Turcios, al suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Suazo Turcios habría ejercido presión sobre una víctima para exigirle 10 mil lempiras, y tras su detención, el juez resolvió imponerle detención judicial.
Las autoridades revelaron que Claudia Suazo Turcios, hermana del conocido tiktoker hondureño, recientemente detenida, ya había sido capturada en 2022 por hechos similares.
Las autoridades judiciales enviaron seis días a Suazo Turcios al Centro Penitenciario de Ilama, mientras se espera la Audiencia Inicial, programada para el lunes 19 de enero.
El arresto de la joven se llevó a cabo en la colonia La Independencia, sector Planeta, donde las autoridades la vinculan con el alias “La Misionera”.
El hecho se registró el martes 13 de enero, cuando la víctima denunció que Suazo Turcios, junto a un hombre que dijo ser miembro de una pandilla, la había intimidado mientras circulaban en una camioneta Ford Escape negra.
Posteriormente, la víctima comenzó a recibir mensajes amenazantes, y las autoridades lograron ubicar y detener a la joven en la colonia Independencia, encontrándole evidencia vinculante durante el registro personal.
Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación y reiteraron que el proceso continuará conforme a la ley, mientras Suazo Turcios permanece bajo detención preventiva en Ilama.
Cabe mencionar que, los nuevos detalles revelan que la joven ya había sido procesada por un caso similar en 2022, aunque en esa ocasión fue absuelta por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa.
Cabe mencionar que, la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a las autoridades en Honduras, afectando tanto a ciudadanos como a empresas, y suele estar vinculada a estructuras de crimen organizado.