Así se intitula el detallado informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción, en que puntualiza el cúmulo de aberraciones y conductas antijurídicas perpetradas por el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, durante el periodo 2022-2026.
Disponiendo de un presupuesto de casi seis mil millones de lempiras, en buena medida fue despilfarrado: L2,778 millones en sueldos, L839 millones en subvenciones, L675 millones en viáticos para viajes dentro y fuera de la nación.
El antiguo Fondo Departamental apenas cambió de nombre pero con objetivo similar: comprar la lealtad y respaldo de diputados a proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.
Durante el cuatrienio arriba citado el denominador común fue el rechazo sistemático a la veeduría ciudadana, restricciones al acceso a la información, uso reiterado de procedimientos irregulares al margen y en violación de preceptos constitucionales, ausencia de rendimiento de cuentas, desconexión entre el Congreso y la ciudadanía, concentración de decisiones en la Junta Directiva, limitación en la participación de las bancadas de los partidos políticos opositores, instrumentalización de la Comisión Permanente a efecto de imponer decisiones y elegir autoridades al margen del debido debate y el consenso, prolongada parálisis legislativa, culminando con el fallido intento de anular la declaratoria oficial de los resultados electorales.
Todo lo anterior se puede resumir como una dictadura legislativa en la que se combinaron el autoritarismo, los sobornos, subordinación total a los designios de la titular del Poder Ejecutivo transformando el Congreso Nacional en un instrumento y correa de transmisión de las órdenes dictadas desde Casa Presidencial.
No es casual que la pasada legislatura fuera calificada como la peor y la menos productiva a escala latinoamericana, dejando una imagen totalmente negativa a lo interno y externo.
Tanto el señor Redondo, como el resto de la Junta Directiva, se han hecho acreedores a un juicio político y a una auditoría forense, a fin que se investigue a fondo la totalidad de irregularidades perpetradas y lo delitos cometidos.
Así resumió la directora del CNA, Gabriela Castellanos, la conducta y trayectoria legislativa del 2022 al 2026: "La legalidad fue desplazada por la imposición".
Hoy, ante un nuevo gobierno, la hondureñidad anhela y espera un rumbo totalmente distinto a los anteriores en la ciencia de administrar, en que los niveles conflictivos se reduzcan al mínimo, superados por la cohesión, acuerdos, diálogos, concertaciones. Puede ser una oportunidad irrepetible que no puede ni debe ser desaprovechada.
