La actual, cuyo desenlace concita la atención nacional e internacional, calificada por la consejera Cossette López, de “crisis sin precedentes”, y por Ana María Méndez, directora de la Washington Office on Latin America (WOLA) como “encrucijada democrática crucial”, atribuyéndola a “falta de estabilidad institucional del ente garante de la voluntad popular”, es la más reciente que debe ser analizada dentro de un contexto histórico que ha caracterizado al sistema político hondureño a lo largo de los siglos XX y XXI.
Elementos inherentes al mismo y a los partidos políticos lo han debilitado y desprestigiado ante la ciudadanía: clientelismo, faccionalismo, autoritarismo en la toma de decisiones por parte de elites, infiltración del crimen organizado en el financiamiento de candidatos a cargos de elección popular y de las campañas electorales, ausencia de lineamientos ideológicos actualizados, sectarismo, nepotismo, transfuguismo, corrupción e impunidad, oportunismo, demagogia.
Con fundamento, el compatriota Efraín Díaz Arrivillaga concluye que tanto “los partidos políticos, tradicionales y emergentes, no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad hondureña, por el contrario, se están convirtiendo en un obstáculo para abrir y fortalecer el proceso democrático a nuevas formas de participación, cada vez más alejados de su vital papel de intermediación entre la sociedad y el Estado, a la vez que representar los reales intereses del pueblo que los elige”.
El intento continuista del presidente Roberto Suazo Córdova en 1985, que lo enfrentó con los poderes Judicial y Legislativo, fue eventualmente resuelto por las gestiones de las Fuerzas Armadas y la embajada de los Estados Unidos, respaldados por las centrales obreras y la jerarquía eclesial católica, proponiendo la “Opción B” y la firma del Acta de Compromiso, aplicada en las elecciones de 1985, que posibilitaron el triunfo de José Azcona, merced a la suma de votos de los distintos candidatos del liberalismo. Su contendiente Rafael Callejas reconoció paladinamente su derrota, controlando mayoría de diputados en el Congreso. El intento del presidente Zelaya de promover la consulta popular (“la cuarta urna”) para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, desencadenó el golpe de Estado de 2009, que provocó extrema polarización, cada vez más peligrosa. Son estos algunos antecedentes previos a la presente crisis que no pueden ni deben ser olvidados de la memoria colectiva.
