Existe un vínculo directo, evidente entre ambos, mismo que debe ser investigado exhaustivamente por los medios de comunicación independientes al igual que por la sociedad civil organizada. Esta letal alianza socava los cimientos mismos del sistema democrático para dar paso a regímenes no solamente autoritarios, simultáneamente rapaces, deshonestos, que enriquecen aún más a partidos y políticos en el poder de sus respectivos países.
Para el académico Juan Albarracín, los avances del crimen organizado se deben, sobre todo, a la cooperación entre grupos criminales y actores estatales, además de la debilidad de las instituciones públicas y a la erosión en el monopolio de la violencia, al punto que las bandas delictivas poseen igual o superior armamento que las fuerzas policiales, comprado en el exterior o a elementos militares corruptos.
El narcotráfico continúa siendo el principal motor del crimen organizado, que simultáneamente se dedica al tráfico de personas, sobre todo mujeres, a secuestros y extorsiones, al sicariato, al lavado de activos, habiéndose ampliado de lo nacional a lo transnacional.
En nuestro país todos estos delitos se han convertido en cotidianas realidades, generando inseguridad y desconfianza colectiva hacia la administración de justicia, percibida como parcializada para favorecer tanto al hampa como a funcionarios, diputados, políticos blindados por la impunidad.
La violencia es aplicada, a la vez selectiva e indiscriminadamente, como forma letal de amedrentamiento para silenciar a personas e instituciones que denuncian e investigan casos graves de corrupción. Así, los medios independientes de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil organizada son hostigados sistemáticamente de diversas maneras a fin de autocensurarse y cesar en las denuncias debidamente documentadas.
Para el 2023 la tasa de homicidios en Honduras, de acuerdo a Insight Crime, fue de 31.1 por cada 100,000 habitantes, superior a la de Colombia (25.7) , México (23.3), Guatemala (16.7), El Salvador (2.4).
La corrupción institucionalizada genera desconfianza y ausencia de legitimidad hacia los órganos estatales, provocando inestabilidad y desconfianza hacia el sistema democrático.
Tanto aquí como en naciones vecinas, la lucha contra la corrupción bien está paralizada, bien ha retrocedido, con logros esporádicos y selectivos. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en escala de 0 a 80, para el 2023, Honduras y Guatemala se situaron en el puesto 23, Chile en el 66 y Uruguay en el 73.
Para lograr salir del actual estancamiento, se requiere paralelamente tanto voluntad política de quienes están al mando de los destinos nacionales, como de vigilancia y presiones ciudadanas, despojadas de temores y vacilaciones.
