Más y más voces manifiestan públicamente su descontento y repudio con lo ocurrido el pasado domingo nueve, cuando lo que debería haber sido una elección primaria, antesala de la general, sin mayores incidentes, estuvo llena de diversas irregularidades, unas de carácter logístico, otras de carácter tecnológico, que, combinadas, han significado un retroceso manifiesto en la planificación y ejecución de lo que debió haber sido una fiesta cívica, ordenada, puntual, transparente, que no diera motivo alguno para su cuestionamiento, como está ocurriendo. Tanto al interior de las Fuerzas Armadas, oficiales en situación de retiro han vertido opiniones autorizadas, dado su conocimiento de las mecánicas operativas de la institución castrense, como por parte de la sociedad civil organizada, incluyendo organizaciones empresariales.
Por vía de ejemplo de lo arriba afirmado reproducimos algunos criterios vertidos por nuestros compatriotas, de diversas profesiones y extracción social, coincidiendo en su preocupación tanto por lo acaecido como por los posibles desenlaces. “... o las personas son negligentes, incompetentes y no pudieron ver el problema, o son cómplices del boicot que se hizo, de un accionar coordinado para violar el proceso o se es negligente... Ambas son totalmente negativas y entrañan responsabilidades que deben deducirse”, dijo el general en situación de retiro, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Isaías Barahona. “... Queremos que se llegue hasta el fondo de las investigaciones y que se haga de forma responsable. Las responsabilidades de orden administrativo, civil y penal deberán ser investigadas por los entes correspondientes”, expresó Cossette López, presidenta del CNE.
“... No se puede hablar de elecciones limpias si los centros de votación abren cuando quieren, si la logística se maneja con desidia y si nadie es responsabilizado por la incompetencia.
No es solo cuestión de retrasos, es la erosión sistemática de la confianza en el voto. Si el CNE, las Fuerzas Armadas, los partidos y demás actores políticos siguen jugando con las reglas del proceso electoral sin consecuencias, la ciudadanía perderá el único instrumento que aún le queda para hacer valer su voz”, señaló el analista Javier Franco.
El fiscal general está obligado, legal y éticamente, a proceder a una investigación imparcial y exhaustiva de esta sórdida trama hasta llegar al fondo de lo ocurrido. De igual manera, el Tribunal Superior de Cuentas. La población exige conocer el trasfondo de lo ocurrido para confirmar o descartar si ocurrió una conspiración cuidadosamente construida con el propósito de desestabilizar la gobernabilidad y el Estado de derecho por sectores que encuentran en el caos oportunidades para mantenerse en el poder indefinidamente.
