A esto se suma la escasa representación juvenil en los espacios de decisión, y un imaginario social que presenta la vida urbana como sinónimo de progreso.
El último aspecto que se ha de considerar son las circunstancias tentadoras que colocan a las personas bajo presiones cuya fuerza de voluntad no siempre puede superar.
El fiscal general está obligado, legal y éticamente, a proceder a una investigación imparcial y exhaustiva de esta sórdida trama hasta llegar al fondo de lo ocurrido.