En la medida que crece el número total de habitantes y la tasa de natalidad continúa alta, aumenta exponencialmente la demanda de vivienda, derecho humano y aspiración colectiva que enfrenta múltiples limitantes, entre ellas, el hecho que miles de familias no son sujeto de crédito, debido a que sus ingresos son insuficientes para cumplir con los requisitos requeridos por la banca privada para el otorgamiento de préstamo con tasas de interés accesibles.
Los costos incurridos en los salarios pagados a la mano de obra -cada vez más escasa debido a la migración hacia el exterior- , se incrementan, al igual que los materiales requeridos. El valor de la tierra, especialmente en los principales centros urbanos, de igual manera va en alza, lo que obliga como alternativa a edificar verticalmente.
Las parejas jóvenes que aspiran a, eventualmente, contar con techo propio deben posponer indefinidamente tan valedero propósito, aún si ambos cuentan con empleo permanente. Ello obliga a tener que alquilar cuartos en tugurios y cuarterías que no siempre reúnen condiciones mínimas, provocando promiscuidad y hacinamiento, problemática social con diversas implicaciones negativas.
Quienes migran a San Pedro Sula desde otros departamentos en búsqueda de oportunidades laborales, pero con escaso poder adquisitivo y carentes de destrezas especializadas, se ven obligadas a ubicarse en los bordos de los ríos como única opción disponible, fenómeno que tiende a aumentar sin que se le preste la debida atención por parte de quienes acceden al gobierno edilicio. También aquellas familias víctimas del desplazamiento forzado provocado por la delincuencia enfrentan similares condiciones. Quienes viven en estado de indigencia, incluyendo niños (as), no tienen más opción que pernoctar en las calles, expuestos a todo tipo de agresiones.
Las cifras -elocuentes- hablan por si solas: Honduras requiere 100,000 nuevas viviendas anualmente pero solamente se construyen unas 30,000. El déficit habitacional calculado en mas de 1.6 millones de hogares enfrentando problemas de vivienda, afecta particularmente a los estratos de menores ingresos, aun si el jefe de familia cuenta con empleo permanente; en el departamento de Cortés unas 85,000 familias carecen de vivienda y cerca de 240,000 viviendas no cumplen condiciones adecuadas de habitabilidad.
Distintas personas e instituciones han presentado propuestas y acciones puntuales que merecen público reconocimiento por sus aportes, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Honduras, cuyo presidente, Maldy Portillo, ha propuesto cuatro programas para cuando menos resolver la problemática de la vivienda social. Diario La Prensa, de igual manera, dedica periódicamente análisis y reportajes especializados, en el marco de la campaña “Hogares dignos, vidas plenas”, con el patrocinio de WM Constructores y el apoyo de Hábitat para la Humanidad-Honduras.
