Si bien los de mayor envergadura, trascendencia e impacto -por los hechos sangrientos que se han ido acumulando durante años, provocando masacres, enfrentamientos armados, tomas de tierras productivas de propiedad privada, zozobra e inseguridad en las personas y sus bienes- ocurren en el Bajo Aguán, igualmente en otras regiones del país de igual manera están presentes, causando derramamientos de sangre e inestabilidad, al igual que contracción en potenciales inversiones agrícolas, sea para fines de exportación o consumo interno.
En nuestro principal centro turístico, generador de divisas y empleos, las paradisiacas Islas de la Bahía enfrentan invasiones de tierras privadas. Tal lo recientemente denunciado por inversionistas extranjeros de distintas nacionalidades, específicamente en el municipio de Santos Guardiola, zona de Badymor, con una escalada de intimidaciones e intentos de apoderarse de tierras de propiedad privada, acompañados de amenazas de despojo de fundos y viviendas. Todo ello en un clima de hostilidad y ausencia de garantías gubernamentales respecto a la propiedad privada adquirida legal y lícitamente.
Nuestro departamento insular acumula problemáticas de diverso tipo que inciden en su desarrollo humano y económico, al igual que en lo ambiental, dañando igualmente su imagen de atracción turística de proyección mundial. Tráfico y fabricación de drogas, violencia, desempleo ante la creciente migración de compatriotas de tierra firme, homicidios y feminicidios, abuso sexual de menores para inducirlas a la prostitución y pornografía, escasez de vivienda, daños a la barrera coralina -la segunda más grande del planeta-, contaminación de playas y aguas.
Ya sea de manera aislada o combinada, inciden directamente en la seguridad y calidad de vida de la población, tanto la local como la que, atraída por su clima y bellezas naturales, ha venido del exterior para radicarse, temporal o definitivamente.
Las esporádicas intervenciones oficiales no han sido suficientemente eficaces y enérgicas para restaurar la paz y seguridad de manera permanente, por lo que la inestabilidad e inseguridad pronto retornan, agravándose con el paso del tiempo.
Hemos llegado a tales extremos de pérdida de control y soberanía que amplias regiones del país se encuentran fuera de la autoridad y vigilancia estatal, habiéndose convertido en refugio y santuario de malvivientes de toda laya, desde narcotraficantes hasta usurpadores de tierras privadas que cumplen con la función social al estar cultivadas, no ociosas.
Así, tanto en zonas fronterizas como del interior impera la ley del más fuerte, que no siempre es la oficial, lo que da la medida de hasta qué punto ha retrocedido el dominio y vigilancia territorial por parte del Estado hondureño.
No debemos permitir el deterioro de ese bello territorio recuperado a la soberanía nacional, de manera definitiva, con la firma del tratado Cruz-Lenox Wyke, suscrito por el diplomático hondureño y su contraparte inglés, el 22 de abril de 1861, durante el gobierno del general José Santos Guardiola.
