Fue en el Valle de Lepaguare, Olancho, en donde un 25 de junio de 1975, fueron masacradas catorce personas: sacerdotes, monjas, estudiante universitaria, campesinos, hondureños y extranjeros, en Santa Clara y Los Horcones, para luego ser enterrados en un pozo de malacate, en intento por ocultar los cadáveres. Participaron en este asesinato colectivo oficiales del Ejército, hacendados y políticos locales, en represalia por el activismo social de los fallecidos. La magnitud y repercusiones de lo ocurrido obligó al Gobierno a nombrar una comisión investigadora que presentó detallado informe.
En conmemoración del medio siglo de acaecido, se celebraron actos religiosos conmemorativos en Juticalpa y Trujillo. Un párroco participante declaró: “...Este proceso desenmascara las estructuras represivas del poder y de la gran contradicción que existe en nuestro país entre el proyecto de la nueva creación y el proyecto de la inhumanidad que destruye nuestra causa común”.
Esta tragedia ocurrió durante la Jefatura de Estado del coronel Juan Alberto Melgar Castro, en el contexto latinoamericano al interior de la Iglesia Católica denominado Teología de la Liberación, en defensa y opción preferencial por los pobres y la transformación de la realidad, inspirada tal corriente en la encíclica Populorum Progressio y el Concilio Vaticano II que propuso una relectura radical del mensaje cristiano desde la perspectiva de los oprimidos y marginados y un compromiso con la justicia social. Tales ideas fueron difundidas en la segunda Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), en Medellín, Colombia.
Manuel Zelaya Ordóñez, padre del expresidente Manuel Zelaya Rosales, permaneció junto a otros encarcelado varios años para luego ser amnistiados, reintegrándose a sus actividades.
La Orden Jesuita en Honduras ha pedido al hoy asesor de la presidenta Xiomara Castro, “el reconocimiento de lo ocurrido y petición de perdón en nombre de su padre... Si por oponerse a la reforma agraria su padre estuvo involucrado en un crimen despiadado, que sea la tierra y la reforma agraria la que hoy se convierta en el compromiso de los Zelaya con el campesinado hondureño”.
“El Estado hondureño tiene una deuda con el campesinado. La conflictividad agraria es de las mayores que tenemos en el país. Después de la masacre de Los Horcones ha habido derramamiento de sangre continua, y si no se aborda el tema agrario de manera profunda, penosamente seguirá siendo parte del paisaje hondureño”, advirtió Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), dirigido por jesuitas.
