La que viven miles de compatriotas, la mayoría de ingresos bajos o medios, ubicados en distintas regiones del país, especialmente en la costa norte —Choloma como epicentro—, que confiaron dineros bien habidos, sea por el pago de prestaciones, envío de remesas, ahorros a la empresa de maletín Koriun, red criminal que logró atrapar en sus redes a personas que de buena fe y atraídos por el pago de intereses en monto superior al pagado por la banca comercial, entregaron a malvivientes cantidades significativas.
A un año de transcurrida tal megaestafa, el paradero de millones de lempiras continúa en el misterio, suponiendo que un porcentaje de tales dineros mal habidos fueron remitidos a paraísos fiscales en el extranjero, en tanto, otra cantidad fue entregada al crimen organizado para el lavado de activos.
Es totalmente comprensible la frustración, incertidumbre, desesperación, ira de los afectados. No obstante, sus reclamos y movilizaciones no han tenido resultados satisfactorios, vale decir, la devolución de lo que —en mala hora— confiaron a un clásico esquema piramidal, cíclicamente repetido en diversas naciones, que, a diferencia de nuestro país, han elaborado salvaguardas legales para evitar la repetición de tales hechos.
Honduras aún carece de ellas, lo que posibilita que de nueva cuenta vuelva a suceder con idénticos resultados: pérdidas económicas para muchos, ganancias elevadas para pocos, particularmente para sus autores intelectuales, cuyas fortunas se han acrecentado a costa de la ingenuidad y lealtad a ellos, otorgada por hombres y mujeres que honradamente subsisten con el desempeño de actividades lícitas.
José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), concluye que la responsabilidad estatal respecto a la obligación legal en la protección de las vidas y bienes de la población no se cumplió, lo que facilitó la planificación, ejecución e impunidad de los delincuentes de cuello blanco.
Es doloroso, pero realista, el concluir que no habrá manera en que nuestros compatriotas afectados logren recuperar siquiera una parte de sus inversiones. Al igual que estafas previas perpetradas a lo largo y ancho del territorio nacional, habrá pocos beneficiados a expensas de muchos perjudicados.
Amarga lección colectiva, que deja pérdidas y traumas, ausencia de fe en el sistema y en el principio del bien colectivo por sobre el particular, alienación e impotencia, descreimiento en un sistema de justicia aplicado de manera selectiva que castiga o premia de acuerdo al estatus socioeconómico y los nexos políticos de los imputados. Tales crecientes estados de ánimo resultan altamente desestabilizadores para la consolidación institucional y la gobernabilidad, evidenciando cuán frágil es el Estado de derecho en nuestra patria.
