Aquellas empresas estatales que han demostrado ser ineficientes, generadoras de pérdidas cada vez más elevadas, con ello incrementando el déficit en las finanzas públicas, a punto de colapsar a pesar de las periódicas inyecciones de capital -vía préstamos -, tratando de mantenerlas a flote.
Consecuentemente, han alcanzado un estado terminal de postración, incrementado por el personal supernumerario existente, la deficiente administración de los fondos recaudados -cada vez menores habida cuenta de la competencia, incrementos salariales selectivos, lo que imposibilita su saneamiento y recuperación financiera, la modernización de sus instalaciones cada vez más obsoletas, la prestación de servicios de calidad e ininterrumpidos a los usuarios, todo lo cual requiere ser subastado al sector privado para su rehabilitación y reingeniería, bajo criterios de total transparencia para evitar actos irregulares, tal como sucedió en la década de los novecientos noventas.
Se ha tenido tiempo más que suficiente, desde su creación como entes autónomos y descentralizados, para demostrar su eficiencia en la prestación del servicio. Empero, la corrupción, más la ausencia de mantenimiento periódico, las ha ido debilitando hasta alcanzar el actual estado de postración que obliga a la adopción de decisiones puntuales y definitivas.
Las cada vez más frecuentes interrupciones en el fluido eléctrico y en las comunicaciones inciden directamente en la industria y comercio; los potenciales inversionistas desisten de arriesgar sus capitales ante tan deplorable realidad, a lo que se agrega el clima imperante de inseguridad jurídica, la deficiente infraestructura, la escasez de mano de obra calificada.
La no adopción de decisiones provocará adicionales hemorragias a la economía, por lo que ha llegado el momento de no continuar ignorando la realidad, permitiendo que la pasividad e inacción dejen al país semiparalizado. Un sentido de urgencia y un compromiso con la nación requieren de la toma de decisiones a la brevedad.
Entre más tiempo transcurra sin adoptar decisiones, crecerán velozmente las pérdidas a diario incurridas por la Enee y Hondutel, en perjuicio del fisco y de los usuarios. Se impone, como única y valedera respuesta, el transferirlas al sector empresarial privado, preferentemente el nacional, tomando en cuenta consideraciones de seguridad nacional. Solamente si no hubieran inversionistas locales con propuestas adecuadas y suficientes, se debe optar por inversionistas extranjeros.
