Recientemente, el Banco Central de Honduras (BCH) aumentó la Tasa de Política Monetaria (TPM) del 5.75% al 6%. A simple vista, podría parecer un incremento menor, de apenas un 0.25%, incapaz de sacudir de forma drástica el precio del dinero. Sin embargo, dicha decisión, probablemente debatida a lo interno de las lujosas oficinas de la institución monetaria, poco o nada tomó en consideración las reglas que operan en las calles y en los hogares. Pues, desde la economía ortodoxa, la receta es clara y lógica: se ajusta la TPM en función del movimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual también sufrió una modificación al alza; asimismo, se busca contener el proceso inflacionario actual mediante el enfriamiento de la demanda interna. El problema de fondo no radica en lo que estipulan los manuales de economía estándar, sino en la profunda ceguera al adoptar medidas que dejan de lado el contexto estructural del país.
Para comprender de mejor manera el debate que ha generado la medida, hay que hacer una mirada a las causas de las presiones inflacionarias. Un aparato productivo debilitado, incapaz de generar productos de primera necesidad, obliga a comprar en el extranjero eso que no producimos. A esto se le suma la dependencia de la matriz energética y el aumento exponencial de los derivados de los combustibles, generando un déficit comercial de más de $5,000.00 millones, donde las exportaciones a duras penas crecieron un 2.6% y las importaciones ascendieron un 8.5%. En un lenguaje sencillo, esto denota la vulnerabilidad de nuestra economía ante choques externos. En este contexto, predomina la premisa “somos una economía pequeña y altamente dependiente”; la inflación importada contribuye significativamente a la inflación general. Por lo tanto, el problema inflacionario no nace precisamente de un exceso en la demanda interna ni de un desbordado incremento del consumo de los hogares hondureños, sino de una asfixiante crisis por el lado de la oferta.
Con el aumento de la TPM se está pretendiendo enfriar la economía encareciendo el dinero, pues, sin duda, las tasas de interés subirán y, aunque algunos sectores alegan que no será inmediatamente, el hecho es que el crédito para actividades económicas consideradas de alto riesgo enfrentará mayores limitaciones. Bajo esta lógica, la medida no reducirá la factura petrolera, la cual ha incrementado en prácticamente un 40% de manera interanual; tampoco mitigará el precio de las tarifas eléctricas. En esencia, estamos ante la implementación de una medida que agradará a los organismos financieros internacionales como el FMI, pero castigará el bolsillo de la gente por un mal que no han provocado.
Es importante destacar que, dentro de los argumentos de la autoridad monetaria, se suma el temor a una supuesta fuga de capitales si no se ajusta la TPM de cara a la tasa de interés de la FED. No obstante, en una economía con profundas rigideces estructurales, dicho supuesto se convierte en un mito conveniente más que en una verdad absoluta. Hay que tomar en cuenta que el tejido empresarial del país, el cual descansa en más de un 75% en las Mipymes, difícilmente movilizará grandes capitales a bancos de Nueva York.
De cara a la objetividad, es pertinente recalcar que el proceso inflacionario del país no recae exclusivamente en la política monetaria implementada por el BCH, sino que responde a distorsiones de costos imposibles de corregir con tasas de interés; a la prevalencia de una matriz energética altamente volátil y costosa que encarece toda la cadena de producción; a la especulación en las cadenas de intermediación de alimentos; a la insuficiente estructura logística interna y a los efectos del cambio climático sobre la poca producción agrícola nacional. En pocas palabras, está pasando factura la desarticulación de dicha política monetaria del resto de la política económica, como la fiscal y la sectorial.
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿qué otras herramientas de política monetaria y económica existen cuando la implementación de algunas no es significativa? Se requieren medidas de intervención más selectivas, pensadas en función de la realidad y no de los libros. Por ejemplo, dentro de los mecanismos se encuentra el encaje legal, el cual puede ser diferenciado para que incentive y flexibilice el crédito hacia el sector productivo agrícola; una gestión cambiaria que amortigüe los choques externos generados por la vía de las importaciones sin sacrificar las Reservas Internacionales Netas (RIN); tal como se menciona anteriormente, la conexión real con la política fiscal para proteger el poder adquisitivo de los hogares; pero, sobre todo, aprovechar los instrumentos de política crediticia para direccionar recursos hacia el fortalecimiento del aparato productivo nacional.
El sistema financiero posee altos niveles de liquidez. La autoridad monetaria pudiese crear mecanismos como líneas de redescuento, fondos de garantías orientados a la producción local de alimentos y la transformación de la matriz energética en las Mipymes.
