Me he preguntado muchas veces si es posible identificar el sentir popular después de las elecciones primarias del domingo 9 de marzo. La confusión es tan grande que es difícil reconocerlo, quizá porque está cerca la experiencia del proceso electoral de 2021, que fue ordenado y con resultados aceptados.
Esta vez, el tremendo grado de desorganización y el irrespeto que eso significó para el pueblo siguen extendiéndose de diversas maneras, convirtiéndose en una desilusión casi generalizada, acompañada de una profunda preocupación.
Las elecciones internas nos han demostrado que los vicios de antaño siguen más vivos que nunca, que el amor al poder no tiene color político y que la ética tiene poco espacio cuando los intereses de cada parte están comprometidos.
También hemos visto que aquello que antes era objeto de crítica mordaz ahora no parece sorprender.
No debemos olvidar nuestra historia reciente, ya que en ella encontramos el deseo de luchar por una Honduras más justa y limpia. En ese sentido, es inaceptable justificar los errores de ahora con el pretexto de los del pasado.
No podemos soslayar las grandes fallas del proceso electoral reciente, la primera, haber permitido que la candidata del partido de gobierno ostente la titularidad de la Secretaría de Defensa.
Es difícil mantener como adecuado este hecho que a todas luces la coloca en una posición compleja, al verse en un conflicto de interés.
La segunda falla evidente es la falta de control sobre el proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El grado de desconocimiento sobre lo que estaba pasando sería impensable en cualquier otro escenario, mucho más cuando se trata de un tema vital para la democracia.
La tercera falla es la participación de las Fuerzas Armadas, que en otros procesos había sido fuerte y decidida, mostrándose ahora débil y muy distante.
Quizás el sentimiento más generalizado sea el de preocupación ante un próximo escenario que pueda poner en detrimento la frágil democracia hondureña.
Tomando en cuenta esta realidad, no debería estar permitido que el Estado utilice canales de comunicación de sus instituciones, especialmente los digitales, para hacer eco de la conversación política pública.
No deberían tener permiso los funcionarios que utilizan su posición para defender posturas partidarias, olvidándose que se deben a toda Honduras, plural, diversa y, desde hace muchísimo tiempo, fragmentada.
El pueblo no tiene permiso de desmotivarse por lo sucedido.
Ahora más que nunca hay que ir a las urnas el último domingo de noviembre para hacer valer la decisión soberana, cualquiera que esta sea. Por todas las personas que, a lo largo de nuestra historia lejana y reciente han luchado por la democracia, podemos preocuparnos, pero no tenemos permiso para rendirnos.
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