Pese a las noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, especialmente las referidas a la situación de los emigrantes, este es un país formalmente de leyes, jueces y predicadores. Y en donde los inmigrantes, pese a que hayan ingresado a Estados Unidos de forma ilegal, están protegidos por la ley.
La Constitución les da garantías para defender sus derechos. El problema es que hay que conocer cuáles son esos derechos y la mejor forma de ejercerlos.
Trump, pese al uso que ha hecho del tema, no es el presidente que más emigrantes ha expulsado de los Estados Unidos. Y ni siquiera es él quien ha inventado “las redadas” en contra de los emigrantes. Incluso ahora en el máximo de su operación negativa en contra de los emigrantes ilegales ha logrado siquiera superar el número alcanzado por el expresidente Joe Biden. En 2006, George W. Bush impulsó a través del ICE un proceso de redadas que provocaron – como ahora – mucho miedo, ansiedad y sufrimiento. Los trabajadores agrícolas huían cuando veían extraños en los alrededores.
En 2006, Mark Silverman, abogado dedicado a la defensa de los derechos de los emigrantes irregulares o ilegales, inventó la “tarjeta roja” como el mejor medio para que los seres humanos amenazados por la presencia de la autoridad no corrieran el riesgo de que se le violentaran sus derechos.
De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, nadie está obligado a dar “declaración en contra de sí mismo”. Es decir, el primer derecho de una persona no es hablar desaforadamente como creen algunos, sino que administrar su silencio. No hablar. No decir nada, ya que mucho de lo que diga puede ser usado en su contra; pero esto los emigrantes, ilegales o no, no lo saben, desafortunadamente.
El segundo de los derechos es que la autoridad policial no puede irrumpir violentamente y sin autorización judicial en un hogar, casa en donde se reside o se encuentra el “ilegal”. En el caso de que el emigrante esté en su casa e irrumpe un empleado del ICE – y se identifica, porque es su obligación – y quiere ingresar no tiene por qué permitirle que lo haga.
Lo primero es reclamarle la orden judicial del allanamiento, la que no tiene casi siempre. Es decir que el emigrante tiene el derecho de impedir el ingreso de la autoridad. Y para ratificar su voluntad de protegerse legalmente de cualquier exceso de las autoridades puede – y es recomendable-- que bajo la puerta deslice, al agente del ICE, la “tarjeta roja”. La Constitución de Estados Unidos protege la santidad de los hogares y le pone límites a la autoridad que no pueden ir en contra de los derechos ciudadanos.
Según refieren varios activistas defensores de los derechos humanos frecuentemente vinculados con las iglesias católica y protestantes de los Estados Unidos, este procedimiento ha salvado muchos emigrantes, que de esta forma se mantienen seguros en el interior de su hogar junto a su familia.
La “tarjeta roja” está inspirada en el fútbol. El árbitro la saca y ordena la pena máxima – el penalti – o la expulsión del jugador. Es decir, frena lo irregular y normaliza la situación dándole a los participantes en el incidente el derecho que les corresponde a cada uno.
La “tarjeta roja” es roja. Es una cartulina donde están escritas las dos Enmiendas Constitucionales señaladas y el agregado que la persona en cualquiera situación “tiene derecho a un abogado”. Los agentes del ICE saben que si irrespetan estas disposiciones, la acción se torna ilegal y puede ser anulada por un juez. Cuando el emigrante la muestra, ellos respetan al ciudadano amenazado de deportación.
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