Tarea impostergable para los nuevos gobernantes es la restauración del Estado de derecho. Porque si hay hechos que debemos criticar son los que rasgaron la institucionalidad y pasaron por encima de la ley. El intento de irrespetar la Constitución de 1982, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la subordinación del Congreso al Ejecutivo y la sumisión de aquel a una decisión ilegal de la Corte Suprema de Justicia que facilitó una reelección ilegal, --no rechazada por los partidos opositores--, son una muestra de las tareas que hay que enfrentar. Necesitamos devolverle sus competencias al Congreso y hacer del hemiciclo un espacio de ejercicio democrático de las fuerzas democráticas del pueblo hondureño. Esta es, fuera de las dificultades coyunturales que enfrentará la nueva administración, la tarea en que debemos consagrarnos.
Porque si no se restaura el roto tejido institucional obtendremos los mismos resultados y continuaremos viviendo en una democracia falsa en la que nadie está seguro.
Por ello nos preocupan las voces que señalan que ya se pactó quien sería el presidente del Congreso Nacional. Porque esa es competencia exclusiva de los diputados, que, una vez elegidos, dejan de ser “representantes” de los partidos que los incluyeron en sus nóminas electorales para recuperar su condición de representantes del pueblo hondureño. En otras palabras, los diputados en el ejercicio de sus competencias, aunque sean inevitables los compromisos partidarios, tienen que sentir y comportarse como hombres y mujeres libres, solo obedientes, en última instancia, a sus electores. Y la primera expresión de esa libertad es el rechazo de imposiciones que afecten su libertad de decidir. Que los diputados elijan libremente a la junta directiva del Congreso Nacional será una prueba de que las cosas empezarán a cambiar en Honduras. La mayoría de los hondureños queremos que se hagan las cosas en forma diferente de cómo se han hecho en estos últimos doce años.
Pero, además, los diputados tienen otra importante tarea. Para que el foro legislativo sea un espacio de libertad es necesario democratizar el reglamento interno del Congreso Nacional. Las comisiones tienen que operar y en el pleno solo se deben hacer las discusiones correspondientes que tienen que ser abiertas al público para que los electores evalúen el compromiso de sus representantes.
Hasta antes de 1982, los diputados elegían cada año a sus autoridades internas. Ahora, el presidente del Congreso es elegido por un período de cuatro años, lo que es fácil de comprender, atenta contra el derecho de los diputados a la participación, ya que tal práctica es una limitación de la autonomía del primer poder del Estado. Un Congreso libre sin interferencias del Ejecutivo con disposición a cooperar con los otros poderes del Estado; pero sin perder la autonomía que proclama el sistema democrático es fundamental para reconstruir el Estado de derecho y recuperar el respeto de la comunidad internacional, que solo cree que hay democracia cuando los poderes son independientes y el Ejecutivo es un ejecutor de la voluntad popular expresada en las decisiones del Congreso Nacional. El que este tenga todavía la competencia, bastante deteriorada hay que reconocerlo, para aprobar el presupuesto nacional significa que el pueblo por medio de sus diputados establece las metas y determina los fondos para que el Ejecutivo cumpla la voluntad de la ciudadanía.
Pero si se descuidan las formalidades y nos embrocamos nuevamente solo en el cambio de las caras y las banderas, sin cambiar en lo fundamental, los resultados que obtendremos seguirán siendo los mismos. Y recibiremos, igualmente, el mismo desprecio y desconsideración que hemos recibido hasta ahora de la comunidad democrática internacional.
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