Este análisis no parte de culpables, parte de consecuencias. A veces entendemos mejor la economía cuando dejamos por un momento los grandes indicadores y nos asomamos al presupuesto de una familia hondureña, porque allí terminan encontrándose decisiones que en los informes aparecen separadas: combustible, crédito, impuestos, regulación, empleo y costo de vida. El propósito no es repartir culpas, sino observar si esas decisiones forman una política suficientemente coherente para que las cargas no terminen acumulándose siempre sobre el mismo hogar.
El combustible es quizá el ejemplo más visible. Desde el 5 de octubre, la gasolina superior alcanzó L156.61 por galón en Tegucigalpa, mientras el Gobierno decidió subsidiar temporalmente parte del incremento del diésel. La intervención amortigua una presión importante, pero el combustible no termina en el tanque del vehículo: viaja en el transporte, los alimentos, la distribución y buena parte de lo que compramos.
Algo semejante ocurre con el dinero. El Banco Central elevó en septiembre la Tasa de Política Monetaria de 5.75% a 6%, buscando contener presiones inflacionarias y proteger los equilibrios monetarios. Es una herramienta legítima de política económica y no significa que automáticamente todos los préstamos suban 0.25 puntos, pero sí envía una señal de condiciones financieras más restrictivas que puede trasladarse gradualmente al crédito. Para una familia que combina hipoteca, préstamo personal y tarjeta, pequeñas variaciones pueden significar menos disponibilidad para cubrir otros gastos.
En paralelo, el sector privado propone reducir el ISV del 15% al 12%. La idea puede beneficiar al consumidor si la rebaja llega efectivamente a los precios y también ayuda a los empresarios porque puede estimular ventas, actividad económica y deberían formalizar los empleos. La discusión necesaria es más amplia, porque esto podría golpear al Gobierno porque cuánto dejaría de recaudar el Estado, cuánto podría recuperarse mediante mayor actividad y ampliación de la base tributaria, y cuánto del beneficio terminaría realmente en el bolsillo del consumidor.
El cemento añade otra dimensión. Desde el 6 de octubre rige una regulación que exige registro, certificación y requisitos técnicos para su comercialización; al iniciar su aplicación, quince registros correspondían a tres empresas. El objetivo oficial es garantizar calidad y reglas comunes para productores e importadores. Eso merece respaldo en su propósito, pero también conviene observar cómo evolucionan la entrada de nuevos oferentes, la competencia y los precios.
Tal vez allí está la oportunidad. Más que grandes recetas, Honduras podría someter cada decisión económica a una prueba sencilla con varias preguntas: ¿Cuánto cuesta, quién la paga, quién se beneficia y qué oportunidad deja para producir, trabajar o vivir mejor? Subsidios focalizados, competencia real, formalización con incentivos, responsabilidad fiscal y regulaciones que protejan sin cerrar mercados pueden formar parte de esa respuesta.
Porque al final la economía no se siente en una gráfica. Se siente cuando la familia hace cuentas a fin de mes.
