Una controversia juiciosa, entre sectores de la sociedad hondureña, surge tras el anuncio hecho por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en el sentido de que podría aprobarse una ley para que la Biblia se lea en las aulas de las escuelas públicas “como parte de la formación de valores en los estudiantes”. Si se presentase la moción, el Congreso debería considerar que los valores morales son transmitidos, principalmente, por la familia y la misma sociedad. Hay que dejar que los maestros y los líderes religiosos hagan lo que a ellos corresponde.
Quitando las aristas místicas al tema, diremos que no se puede prohibir a nadie que lea la Biblia en un parque, en la casa o incluso en un centro educativo, pero fuera de la clase. Lo ilícito es que su lectura sea obligatoria para los escolares como parte de la enseñanza, porque ello atenta contra la libertad de culto que promulga la Constitución de la República, estableciendo, además, que el Estado de Honduras es laico.
Hace casi dos siglos, el general Francisco Morazán, siendo presidente de la Federación Centroamericana, implementó una serie de medidas de corte liberal, entre ellas la de separar la Iglesia y el Estado. Esto incluía la libertad de culto, la eliminación de los diezmos pagados a la Iglesia por el Estado, el matrimonio civil como único válido ante la ley y la educación laica. Al desintegrarse la Federación, Honduras continuó manteniendo estos principios hasta la actualidad, pese a la intención de algunos gobiernos conservadores que quisieron abolirlos. Ni la enseñanza teológica de la educación escolástica, que predominó desde la época colonial hasta la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto, fue capaz de influir para introducir la Biblia, abiertamente, entre los textos escolares.
Zambrano no especificó cuál de tantas biblias editadas en la actualidad, con diferentes interpretaciones, sería la que se leería con carácter obligatorio, de aprobarse el proyecto de ley aludido. Sin embargo, mandó un mensaje a las Iglesias Católica y Evangélica para informarles que cuentan con una representación en el Poder Legislativo.
Cabe, entonces, preguntar: ¿qué participación tendrán en el modelo propuesto —en caso de que llegue a aprobarse— los niños cuyos padres pertenecen a otras iglesias, no tienen religión o son agnósticos?
Por tal motivo, considero que, en vez de meterse en asuntos tan sensibles, mejor sería que los parlamentarios pongan mayor atención al tema del combate a la corrupción que drena hacia arcas particulares fondos públicos destinados a ejecutar proyectos requeridos para desarrollar un país próspero y en paz.
