Si se hubiese frenado el crecimiento de las maras cuando comenzaron como pequeños grupos de antisociales sin conexión con el crimen organizado, el Estado de Honduras no estaría en apuros para poner bajo resguardo seguro a los ahora llamados terroristas, convertidos en un monstruo de siete cabezas.La desintegración social, la corrupción institucionalizada y la falta de medidas de alta seguridad han sido factores preponderantes para que las maras y pandillas se hayan multiplicado como nidos de marabuntas y ahora tengan en vilo a todo un país.
Surgieron originalmente en Los Ángeles, California, formadas por inmigrantes, en su mayoría salvadoreños y hondureños, que se reunían en barrios para protegerse de la marginación y de otras pandillas locales.
Tras la aprobación de leyes migratorias y penales más severas en Estados Unidos en 1996, miles de jóvenes con antecedentes delictivos fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica, trayendo consigo la cultura, los códigos, los tatuajes y la organización de aquellas estructuras clandestinas.
A principios del nuevo siglo, los mareros ya eran uno de los principales problemas del país y como reacción a esta situación, el gobierno comenzó a perseguirlos para confinarlos en cárceles de escasa seguridad y mucha deshonestidad. El resultado fue una gran cantidad de pandilleros prisioneros, lo que a su vez devino en un hacinamiento extremo del sistema penitenciario.
También posibilitó una reorganización del liderazgo pandilleril detrás de las rejas, así como el establecimiento de nuevas conexiones en todo el país, lo que fortaleció aún más la violencia organizada. Mediante continuos sobornos en el sistema penitenciario, los reclusos lograron toda clase de privilegios, entre ellos mantener comunicación mediante celulares con sus compinches fuera del penal, para ordenar extorsiones y la comisión de otros delitos.
Una megacárcel como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador podría contribuir a reducir la alta incidencia de delitos cometidos por las maras en Honduras, si se construyera, no solamente a prueba de libertinaje interno, sino también sin la intromisión de las viejas prácticas corruptas del personal carcelario. Tal corrupción se da también en el sistema judicial.
Si no fuese así, ¿cómo explicar que sujetos capturados por la policía y remitidos a los juzgados con pruebas de la comisión de uno o más delitos sean puestos en libertad a las pocas semanas? Resta todavía depurar las calles de niños abandonados para insertarlos en las aulas escolares antes que caigan en las garras de las pandillas. Así se puede evitar construir más cárceles en el futuro.
