El sábado recién pasado el diario capitalino El Heraldo, publicó un extenso reportaje acerca de la revisión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que en varios lugares no ha recibido la atención debida.
De acuerdo con el periodista Andrés Oppenheimer: “La orden ejecutiva del presidente Donald Trump suspendiendo la aplicación de la ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros pasó casi desapercibida en medio de los titulares sobre sus insólitas propuestas de convertir a Gaza en un destino turístico, tomar el control del Canal de Panamá y comprar Groenlandia. Sin embargo, la noticia sobre la ley antisobornos debería haber provocado una reacción mucho más fuerte. Se trata de un hecho concreto que podría hacer aumentar los niveles de corrupción en América Latina y en varias partes del mundo” (elnuevoherald.com/opinion).
En su artículo, Oppenheimer informa que: “Según un comunicado de la Casa Blanca del 10 de febrero, la decisión de Trump de suspender las investigaciones sobre sobornos en el extranjero tiene por objeto “restaurar la competitividad y la seguridad de Estados Unidos”. El comunicado dice que la actual ley antisobornos no le permite a las empresas estadounidenses “participar en prácticas comunes entre competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual”. “Muchas empresas estadounidenses se han quejado durante años de que sus competidoras de China y otros países ganan grandes licitaciones gubernamentales en otros países pagando sobornos a funcionarios gubernamentales, y que eso las pone en desventaja”.
¿Qué opinión merece en Latinoamérica la revisión de la Ley FCPA?
Según Oppenheimer, “las organizaciones de lucha contra la corrupción latinoamericanas dicen que la nueva medida alentará aún más corrupción en las Américas. “Esto tendrá un impacto muy negativo en América Latina”, me dijo José Ugaz, un exfiscal peruano que lideró algunos de los casos de corrupción más conocidos de su país, y ahora dirige el grupo de lucha contra corrupción Proética en Perú. “Por un lado, los funcionarios latinoamericanos se van a sentir mucho más confiados para recibir sobornos, porque saben que no van a ser tan investigados como antes,” me dijo Ugaz. “Por el otro lado, las empresas de Estados Unidos que quieran venir aquí a hacer negocios corruptos van a sentir que están más protegidas que antes por las leyes norteamericanas”.
Después del último informe de Transparencia internacional, en el cual “Honduras [22] se ubica por debajo de Costa Rica (58), Panamá (33), El Salvador (30) y Guatemala (25) en la escala del IPC [Índice de Percepción de la Corrupción], pero supera a Nicaragua (14)”, resulta claro que tanto personas jurídicas como naturales tendrán más incentivos para involucrarse en sobornos y otras prácticas corruptas, tal como lo plantea el exfiscal Ugaz para el Perú. Muy pocos hondureños se han visto castigados mediante la aplicación de la referida ley, pero nunca se sabe.
Posiblemente en Honduras los dos tipos de empresas extranjeras que tienen más posibilidades de aprovechar la revisión de la ley FCPA, sean las vinculadas al proceso electoral y las que ya funcionan o están por establecerse como APP (Asociaciones Público Privadas) en el país.
En Honduras los órganos de control de los negocios son débiles, por lo cual amerita dedicarle más atención al asunto.
