La Constitución de Honduras (1982) establece que el domicilio es inviolable y está protegido y tutelado por el Estado. Así lo expresa el artículo constitucional número 99: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. La ley determinará los requisitos y normalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que puede incurrir quien lo lleve a cabo.” Las excepciones deben ser debidamente justificadas, en consonancia con el Código Procesal Penal.
El derecho de la inviolabilidad del domicilio surge durante el siglo XVIII, cuando nace el derecho constitucional. En Inglaterra aparece la primera iniciativa en este sentido con la Carta Magna de 1215, que se consolida en las resoluciones del siglo XII y la Bill of Rights de 1688, bajo el principio de que “la casa de un hombre es su castillo”. En el siglo XVIII se introduce el concepto en las constituciones, inicialmente en los Estados Unidos de América y luego en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Francia (1789).
En Hispanoamérica, la primera inclusión constitucional ocurre en España, en el Estatuto de Bayona de 1808, más tarde en las constituciones del siglo XIX (como la Constitución de Cádiz de 1812). En la Carta Magna primera de Honduras como Estado independiente, emitida el 11 de enero de 1839, fue de enorme relevancia histórica la introducción de la inviolabilidad del domicilio. En su texto se estableció la protección del asilo sagrado para los refugiados políticos y la inviolabilidad de su domicilio.
Las teorías del derecho moderno en que se fundamenta el derecho a la inviolabilidad del domicilio pueden resumirse así: Teoría de la inviolabilidad del domicilio y la reserva jurídica, que establece al domicilio como un derecho fundamental protegido por la ley. Solo un juez puede levantar este derecho mediante una orden escrita para evitar abusos de los órganos de coerción. Teoría de la proporcionalidad y necesidad: El allanamiento debe permitirse si el hecho que se investiga tiene la gravedad que la amerita. Teoría de la exclusión probatoria o de nulidad: Cuando el allanamiento se realiza sin las formalidades que establece la ley, puede ser inutilizable en el proceso penal. Teoría del control y contradicción: Antes de iniciar el allanamiento, la orden debe ser exhibida y leída a los moradores y redactada con un lenguaje claro y comprensible para poder ejercer el derecho a la defensa.
En Honduras es indispensable, para realizar un allanamiento, una orden escrita y fundamentada por un juez (ubicación, razones y objetivos); solo puede efectuarse de las 6:00 a las 18:00 horas; no es necesaria la orden judicial en casos de flagrancia, de posibilidades de fuga o de destrucción de las pruebas. Si el caso no es de urgencia, el allanamiento se puede realizar con el consentimiento del dueño del domicilio, obtenido sin coacción.
En pocas palabras, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental de los ciudadanos y habitantes de Honduras desde la primera Constitución (1839), reafirmado en el artículo 99 de la Constitución vigente. Sin ser un profesional del derecho, creo que estas reformas no son necesarias porque, según explica el abogado Enrique Grillo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, todas las eventualidades y las excepciones están perfectamente definidas en la legislación hondureña. Estas reformas apresuradas, incluso con la posibilidad de que vengan sugeridas desde fuera, a mi juicio, ponen en precario una garantía fundamental lograda por la población que habita este país.
No están lejanos los días aciagos en que el general Gustavo Álvarez irrespetó este derecho.
Militares y policías allanaron impunemente los domicilios y apresaron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a muchísimos hondureños y extranjeros sin que hasta el día de hoy los tribunales hayan hecho justicia. Aún hay compatriotas de quienes no volvimos a saber qué pasó con ellos, aunque es lógico suponer que fueron asesinados brutalmente. Honduras no querrá volver a esos tiempos funestos.