Una de las causas básicas de los problemas de Honduras es la impunidad. Esta lacra se ha convertido en una a nivel personal, empresarial y estatal en la vida de los catrachos. Cuando no hay justicia auténtica y cada uno hace lo que le viene en gana, la ley se convierte en un papel mojado y, al no recibir castigo, todos los actores del drama nacional saben que pueden hacer lo que les viene en gana y no habrá sanción alguna.
Las violaciones de la ley, en cualquier nivel que se cometan, que quedan sin que se reciba el castigo que manda la legislación vigente, solo incentivan a los ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos a seguir en el abandono de las normas legales que se supone dirigen nuestra vida ciudadana.
Así sabemos que el que tira basura en la calle, si no recibe sanción, seguirá con esa costumbre indebida; los que rompen el muro de separación de los carriles de la carretera a nivel de Yojoa para cruzar la calle de un lado al otro, como no reciben sanción, abren boquetes en el muro, cada quien que vive o construye una casa al lado de la vía; los que se apoderan del derecho de vía en calles y carreteras y no se les destruyen las construcciones ilegales, como tampoco se les sanciona, dan un mal ejemplo a otros que lo imitan para apropiarse de lo que no es suyo, sino del pueblo, y que más adelante será vital para la ampliación de las carreteras o las calles; el que roba y no va a la cárcel; el que atraca las arcas del Estado y gasta lo atracado con toda inmunidad; el que comete delitos mayores y no es aprehendido seguirá ejerciendo la impunidad; el que ejecuta un golpe de Estado y no recibe una severa sanción deja entender que esa violación de la Constitución puede ejecutarse sin temor a sanción.
Un niño que muere porque sus padres se negaron a vacunarlo: los padres deben asumir las consecuencias de haber creado las condiciones para la pérdida de la vida de un infante de quien es responsable por su salud y bienestar. Deben ser castigados, castigados severamente.
Por otra parte, si un niño muere porque el Estado fue negligente y no le puso la vacuna, también el Estado incurre en responsabilidad penal que debe imputarse a los funcionarios responsables de tal anomalía.
Y si un ciudadano llama a descalificar las vacunas y a no vacunarse, también debe ser sancionado. Porque una de las obligaciones del Estado es velar por el bienestar de la niñez, ofreciéndole las atenciones debidas y que sea receptora de las garantías individuales y sociales que la Constitución le otorga a la niñez que habita nuestro territorio, sean estos nacionales o extranjeros, legales o indocumentados.
He estado al tanto de las noticias y, en el Congreso Nacional, se ofrece una ley destinada a hacer obligatoria la vacunación. Me parece un paso trascendental en el cumplimiento de las responsabilidades estatales y de los padres.
Pero, si esta obligación no va acompañada de sanciones severas a quienes la transgredan, la impunidad será la regla y muchos otros niños seguirán entregando sus vidas a causa de la irresponsabilidad, al incumplimiento de las normas legales y a la incompetencia del sistema de justicia de poner orden y hacer cumplir la ley.
Para que esta norma, que seguramente aprobará el Congreso Nacional, sea eficaz, creo que es necesario que el Estado cree un Sistema Nacional de Registro Médico de todos los ciudadanos y de los extranjeros que habitan nuestra tierra.
Ahora, con el avance extraordinario de los sistemas de comunicación y almacenamiento de información, es posible elaborar un sistema nacional de registro en salud mediante la adopción del número del Documento Nacional de Identidad como número del carné nacional de salud.
La ficha correspondiente del archivo nacional de cada habitante de Honduras deberá recibir la información que sobre cada uno se genera, tanto en los establecimientos públicos como privados.
Esto exigirá que cada establecimiento público o privado y cada médico que atiende privadamente cumpla con la obligatoriedad de anotar lo relacionado con la intervención médica de un paciente en el archivo virtual.
Esta información deberán usarla los médicos con las limitaciones que la misma ley les mande para preservar la seguridad de los datos y el derecho de los pacientes a la confidencialidad.
Quizá sea necesario pensar en una ley más amplia que blinde los derechos de los niños con el cuidado paterno y estatal, a la salud, a la educación y a su sustento hasta que logren la mayoría de edad. Esta ley debe establecer responsabilidades y sanciones que deberán hacerse cumplir.
