Datos de la Cepal indican que, a finales del año 2025, de 17 países latinoamericanos con estadísticas disponibles sobre femicidios, 12 registraron tasas iguales o mayores a 1 víctima por cada 100,000 mujeres. En este escenario, Honduras presenta la tasa más alta de la región con 4.3, marcando una brecha abismal con el resto de países, como Guatemala, que reporta 1.9.
Sin embargo, detrás de estas frías estadísticas no solo se contabilizan números; existen historias de vidas truncadas, madres ausentes y hogares destruidos.
Esta tragedia no solo afecta el plano humano, sino que traspasa, en silencio, el desarrollo económico del país. Cada vida arrebatada es fuerza productiva que se apaga; son familias empujadas a la pobreza, lo cual representa un costo fiscal para el país.
En este sentido, la problemática de los femicidios generalmente se analiza desde la óptica de la prevalencia de la violencia de género, falencias en los operadores de justicia y los altos niveles de impunidad que imperan en el país.
Sin embargo, las implicaciones económicas son significativas; a nivel macroeconómico, el impacto es devastador y muchas veces pasa desapercibido, pues un sinnúmero de víctimas representan el único sostén en el núcleo familiar. Su ausencia incide para que sus dependientes precaricen su vida, obligando a miles de niños a abandonar la escuela para subsistir y agenciar recursos para el hogar; destruye talento humano futuro.
Desde esta misma perspectiva macro, la violencia de género no solo resta al Producto Interno Bruto (PIB) al apagar fuerza laboral productiva y reproductiva, sino que genera un alto costo de oportunidad fiscal. Los costos que el Estado destina de manera tardía para atender la violencia son recursos que restan a la inversión pública y al desarrollo humano.
A nivel de los hogares, la ocurrencia de un femicidio genera problemas financieros dentro de las unidades familiares, dado que la pérdida abrupta de la jefa del hogar, la cual provee, desarticula la economía doméstica, forzándoles a buscar los mecanismos para subsistir, como: endeudamiento precarizador, incursionar en la informalidad, caer en la mendicidad e incluso realizar actividades ilícitas.
Esta desintegración se agrava al considerar la dimensión del trabajo en la economía del cuidado no remunerado que ejercían estas mujeres. Al desaparecer, las familias redistribuyen tareas entre las niñas, abuelas y otras integrantes del hogar, limitando las oportunidades de las sobrevivientes para insertarse en el mercado laboral.
De esta forma, los femicidios operan como un motor directo que arrastra a las familias afectadas a trampas intergeneracionales de pobreza, de las cuales es casi imposible salir sin asistencia del Estado.
Esta grave problemática pone al descubierto las deficiencias estructurales del Estado en materia de prevención, atención, seguimiento y sanción de la violencia contra las mujeres. Pese a que existen marcos normativos en esta materia, las políticas públicas carecen de asignaciones presupuestarias suficientes.
Un claro ejemplo es la asignación de recursos para este año fiscal, donde, paradójicamente, a la Secretaría de Seguridad se le incrementó el presupuesto en 15 % en comparación con el año 2025. En el caso de la Secretaría de la Mujer, este cayó drásticamente en 37 %, demostrando la disparidad y falta de efectividad a nivel fiscal, pues, por un lado, se destinan mayores recursos a temas de seguridad, pero, por otro, los femicidios y la violencia hacia las mujeres continúan en ascenso.
A este escenario se suman los altos niveles de impunidad que prevalecen en el país. Se estima que el 90 % de los casos de femicidios no han sido penalizados. Esta situación traslada un mensaje de permisividad estatal y tolerancia hacia la violencia. La falta de investigación desde la perspectiva de género y la revictimización debilitan la denuncia y perpetúan el ciclo de agresión al dejar a los agresores libres y a las potenciales víctimas desprotegidas.
Es importante destacar el papel de las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, las cuales fungen como primera línea de respuesta y resistencia ante este fenómeno. Brindan acompañamiento integral: psicológico, de protección, movilidad, apoyo legal e incluso económico, tanto a la víctima como a sus familiares. A esto se suma la gran labor que realizan generando información estadística y documentando casos que las cifras oficiales muchas veces omiten.
Superar esta crisis requiere que el Estado deje de tratar la violencia de género como un costo colateral y la aborde desde una perspectiva económica y de derechos humanos. Urge revertir la asimetría presupuestaria para garantizar recursos preventivos y no seguir malgastando dinero en seguimientos infructuosos.
El desarrollo humano sostenible del país será inviable si se sigue destruyendo el talento humano, la estabilidad de los hogares, pero, sobre todo, la vida de las mujeres que sostienen la economía nacional.
