Cuando era un muchacho leí el libro “Los 10 días que estremecieron al mundo”, escrito por el norteamericano John Reed. Se trata de una crónica vivida de los acontecimientos de la Revolución del 24 de octubre de 1917, en San Petersburgo. Recuerdo que Reed, entre otros asuntos, enfatiza cómo los alzados se tomaron la central de telégrafos, la central telefónica, la central eléctrica y las oficinas de correos, para asaltar, por último, el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional.
Traigo al recuerdo este acontecimiento porque la toma, por parte de los alzados, de la Central Eléctrica y de otros organismos claves para la comunicación, como el telégrafo, los teléfonos y correos, fue considerada trascendental para solidificar el triunfo. En la actualidad, el gobierno de Asfura ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar la estructura organizativa y económica de la Empresa Hondureña de Energía Eléctrica (ENEE), con el argumento de que la corrupción mantiene a la institución al borde de la quiebra. Si esta es la verdad, la solución es poner a los culpables, los de ayer y los de hoy, en la cárcel sin contemplaciones.
El gobierno lo niega, pero la percepción de la población es que se trata de legalizar la venta de la empresa a inversionistas nacionales o extranjeros, situación que pondría al gobierno en una posición difícil porque perdería la posibilidad de ejercer el control de la energía para la población y se desharía de un elemento básico en las tareas de la seguridad nacional, del Estado y de la soberanía.
Las empresas estatales estuvieron casi siempre en manos de corruptos, ilegalmente enriquecidos, y casi llevaron a la quiebra las propiedades del pueblo que se les dieron en custodia y para su administración. Durante la dictadura militar de 20 años, iniciada con el golpe de Estado de 1963, estas empresas fueron el botín.
No es la primera vez que se pretende privatizar la ENEE. Ya la producción de energía que no aporta la ENEE en sus plantas se compra a empresarios a costos desproporcionados. Se alega que el Estado es mal administrador y que esa es la razón por la que la Empresa Eléctrica esté en esta situación calamitosa. Por las noticias, el proyecto de Ley de reforma a la Ley Orgánica de la ENEE parece venir de intereses foráneos y la principal deuda con la ENEE proviene del impago por algunos empresarios. El pueblo expresa su oposición firme a que la ENEE sea privatizada.
Sabe perfectamente sus consecuencias, como cuando muchos que venden sus propiedades productivas se comen el dinero y se quedan sin nada. Además, el pueblo intuye que la venta conduciría a que el Estado pierda la potestad de regular el precio de la energía, sobre todo para las capas más empobrecidas.
Si realmente la ENEE está insolvente, dividirla en tres empresas es crear estructuras burocráticas que consumirían enormes cantidades de la actual ENEE. Esto contradice los objetivos que dicen se plantean las autoridades.
La bancada del Partido Liberal, que colabora con el gobierno, ha expresado sus dudas y su oposición, y la bancada de LIBRE opone resistencia a la aprobación de la ley tal como está.
El presidente Asfura, sin embargo, en un desliz, ha advertido que no aceptará reforma a su proyecto de transformación del sector eléctrico nacional, en franca violación del principio constitucional de los tres poderes del Estado independientes. Si el Congreso dice no, debe ser no, una vez agotados todos los recursos, como el veto, pero el presidente no tiene capacidad legal para imponer su voluntad al Soberano que ejerce sus funciones en representación del pueblo.
Que el presidente desee reformar una ley no lo veo mal; lo inaceptable es imponer su voluntad al margen de la Constitución. Este asunto es crucial para la opinión pública. No hay aceptación de las intenciones del Ejecutivo con la ENEE. Lo más lógico es publicar el proyecto, divulgarlo ampliamente y que se abra el diálogo entre todos los hondureños para que expresemos nuestras opiniones y, luego, con esas opiniones, redactar un nuevo proyecto y someterlo a plebiscito nacional. Vender la ENEE podría traer graves consecuencias para el Estado y el pueblo.
