Una noticia reciente sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial volvió a colocar este tema en la conversación pública. Más allá de los titulares, la discusión abre una pregunta necesaria: ¿qué hace falta para que esta modalidad se convierta realmente en una puerta de entrada al empleo formal?
La respuesta no depende únicamente de una ley ni de una institución.
La Secretaría de Trabajo ha puesto en marcha mecanismos de registro, revisión y seguimiento. Entre abril y julio de 2026 se recibieron 98 trámites, se aprobaron 51 y se registraron 97 contratos correspondientes a 32 empresas. Son datos que muestran un proceso en marcha, pero también una participación empresarial todavía limitada.
Ahí está uno de los puntos centrales.
La formalización no ocurre solo porque exista una norma. Ocurre cuando las empresas deciden cumplirla, registrar sus contratos, garantizar derechos y asumir que contratar bajo una modalidad parcial no significa reducir obligaciones.
El empleo a tiempo parcial puede abrir oportunidades para jóvenes, estudiantes, madres, personas que buscan complementar ingresos o trabajadores que no pueden asumir una jornada completa. Pero esa oportunidad pierde valor si se utiliza para evitar responsabilidades laborales.
Por eso, esta modalidad debe entenderse con claridad: menos horas no significa menos dignidad. Un contrato parcial sigue siendo un contrato. Debe incluir salario conforme a la ley, protección social, descansos, beneficios y reglas claras.
También es cierto que muchas empresas enfrentan dudas sobre jornadas, afiliación, horarios y procedimientos. Esas dudas deben ser atendidas con orientación y acompañamiento. Pero la incertidumbre no puede convertirse en excusa para permanecer en la informalidad.
El sector empresarial tiene aquí un papel decisivo. No basta pedir más empleo; también es necesario crear empleo dentro de la ley. No basta hablar de competitividad; también debe hablarse de protección laboral y responsabilidad social.
El verdadero éxito de esta ley no se medirá únicamente por cuántos contratos se registren, sino por la calidad de las oportunidades que genere.
La tarea es compartida: el Estado debe orientar y supervisar; las empresas deben cumplir y abrir espacios; y los trabajadores deben conocer y ejercer sus derechos.
Y también es una forma concreta de construir confianza social.Formalizar no es llenar un formulario. Es convertir una oportunidad de trabajo en una relación digna, clara y protegida.
