En los últimos tiempos se ha producido una discusión insustancial. Sin fundamentos teóricos e históricos. Y sin utilidad alguna.
El manejo del problema de la Enee ha sido sesgado por la discusión de la superioridad o no de lo público sobre lo privado. Como ocurre siempre, aquí se confunden los términos deliberadamente. Lo público se asimila -en esta discusión- con el pueblo. Y se concluye perversamente que, establecida la relación, todo lo público es sagrado porque es del pueblo. Al final, el gobierno es lo más importante, porque representa la voluntad popular, sin analizar si expresa efectivamente los intereses colectivos.
Aclaremos las cosas. Primero fue la familia, la tribu y la sociedad. Después, el gobierno y “lo público”. Antes de la llegada de los españoles, los conceptos público y privado eran desconocidos. Pero, al margen de las categorías, se evidenció la presencia de lo que era “propiedad del común” y lo que era solo de uno, de su grupo familiar o tribal. Durante la Colonia se estableció la superioridad de los bienes del rey. Los conquistadores tomaron posesión de estas tierras “en nombre de su majestad”. Las tierras, los metales y todos los animales que surcaban sus aires eran reales. Los caminos eran caminos reales, de uso colectivo. Los minerales, propiedad del rey, que compartía con los mineros... Ellos, cuatro partes; el rey, el quinto real. Pero había “el sitio” -la tierra común- donde pastaban los ganados de todos, y las tierras comunales, donde cada quien cultivaba sus parcelas. Las palomas eran de Castilla.
La primera institución fue el municipio. Democrático parcialmente. Porque -al principio- excluyó a los indios, que eran usados como fuerza gratis de trabajo por los “encomenderos”. A estos se les exigía, como requisito para participar en el municipio, residir en pueblos. Las ideas de Subirana no buscaban la explotación de los indígenas. Todo lo contrario. Buscaba la participación, porque lo público era para todos, con las excepciones indicadas.
Es evidente que el municipio tuvo enorme poder en la vida pública durante casi todo el período republicano. Los alcaldes duraban un año en el cargo, es decir, que había una rápida renovación. No se formaban élites acostumbradas a vivir del presupuesto. El problema empezó con Carías, que, aunque evitó la centralización pública, eliminó el poder municipal.
Gálvez, sin devolverlo, inicia el quiebre que nos mantiene atrapados actualmente: la centralización. En nombre de la eficacia, se suprime lo municipal y lo ciudadano, y se crean corporaciones nacionales, algunas más legítimas que otras, pero todas bajo el concepto de la eficiencia. Los militares, en 1972-1980, aceleraron la creación de las últimas. Las inútiles fueron cerradas: COHBANA es un ejemplo.
La luz fue municipal. Los ciudadanos vigilaban el servicio. Hoy no conocen al gerente de la Enee. Este, solo en el mejor de los casos, los trata como clientes. En otros casos, en la operación particular, un operador privado daba servicio, cobraba al usuario y le pagaba al municipio los impuestos correspondientes. No solo la energía era municipal o particular; también la educación. El municipio controlaba sus escuelas, vigilaba a los profesores y les pagaba. Pero los particulares podían organizar sus escuelas porque nadie desarrolló el concepto de que lo público era superior a lo municipal o a lo privado. Los municipios otorgaban el derecho de “vado” sobre los ríos. Los ciudadanos pagaban al propietario del servicio y este, por la concesión, al municipio.
Discutir la “superioridad” de lo público no tiene fundamento. Se origina en consideraciones antidemocráticas, en el miedo a los extranjeros. Fruto de un autoritarismo mental que ha hecho mucho daño, paralizando la iniciativa particular y fomentando la dependencia. Cuba es un “buen” ejemplo.
