Las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas formuló a Honduras representan una oportunidad crucial para que el Estado refuerce su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia.
Tras la comparecencia del Estado hondureño ante este organismo internacional, el país se encuentra en una coyuntura determinante para mejorar su legislación y políticas públicas, pero sobre todo para transitar del papel y las palabras a las acciones y hechos que garanticen el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Honduras enfrenta una crisis profunda en materia de garantías para la niñez. La violencia estructural, la pobreza extrema, la falta de cobertura educativa y sanitaria, así como la insuficiente capacidad institucional para dar respuesta a las afectaciones de estos factores generan dan como resultado un estado de vulnerabilidad estructural para niños, niñas y adolescentes.
La exposición constante a la violencia, el abuso y la explotación configura un panorama alarmante que requiere respuestas urgentes pero sostenidas e integrales que trasciendan las administraciones públicas y las coyunturas electorales. En este contexto, las recomendaciones del Comité deben ser vistas no como una imposición externa, sino como una guía para orientar las acciones del Estado hacia la protección integral de la niñez.
Uno de los puntos críticos en los que el Comité ha puesto especial énfasis es el derecho a la protección frente a la violencia. Honduras es uno de los países con las tasas más altas de violencia en la región, con un alarmante número de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso físico, psicológico y sexual. En contraposición, no existen suficientes políticas de prevención de la violencia en los entornos donde se desenvuelven las y los niños y se presentan grandes desafíos para fortalecer los mecanismos de denuncia, protección y atención a víctimas garantizando el acceso afectivo a la justicia.
Otro aspecto fundamental que aborda el Comité es la explotación infantil, un flagelo que sigue afectando a cientos de miles de personas menores de 18 años en el país. Honduras es testigo de una alta incidencia de trabajo infantil, especialmente en sectores como la agricultura, la minería y el comercio informal. Niños y niñas se encuentran condicionados a trabajar en contextos precarios y peligrosos, lo que vulnera su derecho a la educación y a un desarrollo digno y armónico. Si bien existen normativas nacionales que prohiben el trabajo infantil, su cumplimiento es limitado, por lo que el Comité sigue insistiendo en la necesidad de que el Estado implemente políticas más efectivas para erradicar esta práctica.
La trata y explotación sexual es otro tema que requiere atención urgente. Honduras ha sido identificado como un país de origen y tránsito para la trata de personas, y las niñas, niños y adolescentes son particularmente vulnerables a este delito. La falta de mecanismos de prevención efectivos y la debilidad en la persecución penal de los responsables han contribuido a que esta problemática persista. Por ello, el Comité instó al Estado Hondureño en redoblar esfuerzos para prevenir y combatir la trata y garantizar la protección efectiva a las víctimas.
Ante este panorama, es fundamental que el Gobierno de Honduras asuma las recomendaciones del Comité con seriedad y las traduzca en acciones concretas. No basta con compromisos declarativos; se requieren inversiones significativas en niñez y adolescencia, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección infantil y la aplicación rigurosa de la ley. Además, es crucial la participación de niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil y la comunidad internacional en el seguimiento de estos compromisos para garantizar que las promesas se conviertan en realidades tangibles.
El cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño no solo fortalecería la protección de la niñez en Honduras, sino que también representaría un avance significativo en el respeto de los derechos humanos en general. Invertir en la niñez no es solo una obligación moral y legal, sino también una estrategia clave para el desarrollo del país.
En este sentido, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño deben ser vistas como una hoja de ruta para Honduras, una guía para corregir deficiencias y avanzar en la garantía de los derechos de la infancia. Su cumplimiento demostraría un genuino compromiso del Estado con la niñez y podría marcar la diferencia en la vida de cientos de miles de niños y niñas que hoy sufren violencia, abuso y explotación. La pregunta queda en el aire.
