Una de las principales promesas que llevó a la presidencia a López Obrador fue terminar con la corrupción, pero a mitad de su mandato solo denunció y encarceló a corruptos de sexenios anteriores, y mantiene intocables a los del actual Gobierno. Hay casos de corrupción en los Gobiernos de Morena en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, sin denuncia ni castigo.
A mediados del año pasado, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció desvíos a empresas fantasmas por aproximadamente 800 millones de pesos de la empresa estatal Segalmex que depende de Liconsa, sin castigarse a los responsables.
En sus tres primeros años, AMLO no corrigió las causas que facilitan la corrupción. El abuso del concepto de soberanía nacional justificó una mayor opacidad y menor transparencia en las compras y gastos del Gobierno.
Más del 90% de los contratos para adquirir productos farmacéuticos en 2020 fueron por adjudicación directa.
En 2018 el 35% de las compras del Gobierno fueron por adjudicación directa; en 2019, el 39%, y en 2020, el 43%, porcentaje récord. Y por primera vez, desde que se miden esas variables, las adjudicaciones directas fueron más altas que las licitaciones públicas.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, que analiza 180 países, los menos corruptos, que ocupan el primer lugar en honestidad, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, Canadá el lugar 13, Uruguay el 18, el menos corrupto de Latinoamérica; Estados Unidos y Chile, lugar 27, Costa Rica, 39, Argentina y Brasil, 96, Ecuador y Perú el 105, El Salvador,115, México el 124, junto con Nueva Guinea; Bolivia el 128, y Venezuela el 177, entre los cuatro países más corruptos del mundo.
Si el Gobierno del presidente López Obrador en realidad quiere combatir la corrupción no debe limitarse a los casos de sexenios pasados, también debe investigar los del actual.
No debe cubrir la opacidad y secrecía de los gastos con la excusa de salvaguardar la soberanía nacional.
