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Hasta 1980 Honduras fue receptora de población. Desde entonces empezó a crecer en forma tan acelerada que ahora somos expulsores de personas que el sistema económico no absorbe. La mitad de la población económicamente activa trabaja en Estados Unidos, España, Portugal, Suiza e Italia. En España por el número de inmigrantes, Honduras empieza a destacar. En Madrid, Barcelona y Girona, la presencia hondureña es muy notoria.
Los efectos en el interior son igualmente elevados. Tegucigalpa tiene 3,002,460 habitantes. San Pedro Sula 1,234,883. Choloma 396,952. Danlí 343,789. La Ceiba 232,696. El Progreso 204,420. Villanueva 190,085. Comayagua 184,694. Choluteca 175,056. Juticalpa 155,171. Puerto Cortes 142,311. Catacamas 140,548. Olanchito 124,286. Siguatepeque 117,468. Tocoa 111,972 y Tela 110,255.
Las ciudades son abiertas. Sin planes de desarrollo y sin consideración a los temas de empleo, seguridad, recreación y bienestar. Están confiadas “a la mano de Dios”. Y a la improvisación.
Los legisladores del pasado estuvieron más preocupados del tema que los actuales. Las leyes municipales preveían el establecimiento y arraigo de sus habitantes. Llevaban el registro de sus vecinos. Y cuando uno cambiaba de lugar, hacía el reporte para que lo eliminaran del censo local. En la ciudad en donde se establecía, solicitaba el arraigo pertinente, para efectos de tributación y ejercicio de derechos.
Durante la dictadura de Carías Andino se llegó al abuso. Para moverse de una ciudad a otra, por razones particulares, había que sacar el pasaporte respectivo. El control tenía finalidades de dominación; y limitación de la libertad ciudadana.
Ahora lo que priva es el desorden. Bajo una equivocada visión de la libertad, nos movemos de una ciudad a otra sin los procesos ordenados correspondientes. Por ello el crecimiento de las ciudades es caótico. Y el comportamiento de los ciudadanos - especialmente los inclinados al irrespeto de la ley - se orienta hacia la comisión de infracciones en una ciudad; y para evitar la sanción se cambian a otra. Donde llegan nadie pregunta de dónde viene, qué quiere y menos a qué se dedica.
Pero lo peor es que la autoridad ha perdido el control informativo de la población. Las autoridades policiales tienen dificultades para capturar a los que incurren en delitos o cometen violaciones administrativas de la ley. Este fenómeno no es de ahora, ni fruto de la “dictadura” como le gustaba decir a Xiomara golosamente. Viene desde hace muchos años.
En 1963 salí de Olanchito y me establecí en Tegucigalpa. La Alcaldía de Olanchito no me retiró de los contribuyentes locales hasta donde sé. La de Tegucigalpa, ignoro en qué momento me incluyeron como vecino de la capital. Le preguntaré al nuevo alcalde que sí conozco. Y habla conmigo.
En 1989, un campesino de Corquín que lleva mi mismo nombre mató a otro hombre. Huyó. Nunca fue capturado. El delito ha prescrito. Sin embargo, cada vez que salgo de viaje, me interrogan. Y solo el Jefe de Migración que ve televisión y lee periódicos se ríe; y me pide disculpas. Es decir que no hay sistemas de actualización de la información; ni mecanismos para que los ciudadanos recibamos el respeto que nos merecemos.
Es inevitable concluir que no podemos seguir en este caos. Es necesario legislar y ordenar la vida ciudadana. El clima de desorden desde la ciudadanía y desde la autoridad no crea un ambiente de seguridad que permita una vida confortable en las ciudades. Y menos que atraiga la inversión. Hay que retomar el camino de la ley y la regulación. El derecho y la ley dan seguridad. El camino que seguimos para darnos seguridad es tonto, inefectivo; y en vez de producirnos resultados, nos empuja hacia el centro del caos.
