Las licitaciones públicas internacionales no deben limitarse únicamente al componente de costo. Más allá de seleccionar la oferta más barata, es fundamental que incluyan, de la forma más específica posible, mandatos sobre las actividades que deben realizarse dentro del país como condición para la adjudicación.
Si bien muchas de estas actividades, por su escala o complejidad, no pueden ser ejecutadas de inmediato por empresas nacionales, esto no debería ser un obstáculo. Al contrario, debe verse como una oportunidad para que los conocimientos y habilidades asociados a dichas tareas sean transferidos y asimilados por empresas hondureñas.
Con ello, estas empresas podrán posteriormente desarrollar la capacidad de ofrecer esos servicios, no solo en el mercado local, sino también en el internacional, gracias a la experiencia adquirida en proyectos de gran envergadura. Esto también resulta aplicable a las empresas privadas.
En el caso particular de la industria inmobiliaria, resulta evidente la utilidad de contar con mayores capacidades nacionales en materia de aprovisionamiento de materiales, tecnologías aplicables y otros insumos.
Por esta razón, muchas empresas del sector ya han empezado a dar preferencia a proveedores locales siempre que es posible. No obstante, este esfuerzo debería trascender al ámbito gremial, de manera que, de forma voluntaria y con plena conciencia de la necesidad y el beneficio de fortalecer las capacidades locales, se establezcan mecanismos para favorecer la producción nacional.
Cuando por motivos técnicos o financieros se recurra a contratistas o proveedores extranjeros, estos deberían comprometerse a generar la mayor cantidad posible de valor agregado dentro del país e incorporar talento hondureño en sus operaciones. Así se crea un círculo virtuoso en el que la inversión privada se convierte también en una palanca de desarrollo nacional.
La integración de criterios de valor agregado nacional en los procesos de adquisición, tanto públicos como privados, es una estrategia que trasciende lo económico y se convierte en una política de desarrollo sostenible. Honduras no debe limitarse a ser únicamente un receptor pasivo de bienes y servicios, sino que debe transformarse en un actor activo que aproveche cada adquisición como una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento institucional.
