Cúcuta, Colombia. Una mujer identificada como Cindy Johanna Lizcano Ochoa fue asesinada de ocho disparos este miércoles mientras participaba en la caravana fúnebre de su amiga Nathalia Alarcón, conocida como "La Mona" en Cúcuta, Colombia. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque, que ahora es investigado por una posible vendetta entre estructuras criminales.
En un primer momento, el hecho fue interpretado como una balacera en la que varias personas habrían sido alcanzadas por balas perdidas. Sin embargo, las autoridades investigan si el homicidio está relacionado con disputas entre organizaciones delictivas con posibles conexiones en Venezuela.
Alarcón, de 22 años, había sido asesinada días antes en el sector de El Salado, después de salir de una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Cúcuta. Según la información conocida del caso, dos sicarios la interceptaron y le dispararon. Las cámaras de seguridad habrían registrado la huida de los atacantes. Su familia sostenía que estudiaba enfermería y era madre de dos hijos.
La situación judicial de Lizcano también forma parte de las indagaciones. Según un reporte de la Unidad Investigativa de El Tiempo, la joven cumplía detención domiciliaria, portaba un dispositivo de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y afrontaba un proceso por porte ilegal de armas de fuego.
En ese expediente también aparece Javier Anynson Torrado Jaimes, señalado de integrar una banda dedicada al hurto conocida como "la del Veneco". De acuerdo con la información judicial citada en el reporte, Torrado Jaimes tenía registrada una captura por hurto agravado en 2015.
Diego León, abogado defensor de Lizcano, declaró a El Tiempo que su clienta no tenía antecedentes penales y que el proceso por porte ilegal de armas continuaba en etapa de juicio, por lo que no existía una condena que la declarara culpable. El defensor también aseguró que la joven había recibido amenazas de grupos armados ilegales.
Según el abogado, estaba prevista una audiencia para solicitar el retiro del brazalete electrónico y permitir que Lizcano saliera de Cúcuta, pero la Fiscalía no asistió a la diligencia. Estas circunstancias deberán ser examinadas por los investigadores para determinar si las amenazas denunciadas tenían relación con el homicidio.
El escrito de acusación citado en el reporte periodístico señala que el 14 de febrero de 2021, en el sector de El Hueco, barrio Siete de Belén, en Cúcuta, durante un procedimiento policial de registro, Lizcano presuntamente recibió de Torrado Jaimes un arma de fuego calibre .32 y cinco cartuchos calibre 7,65 milímetros. En esa actuación también fueron incautados dos teléfonos celulares. Las autoridades buscan establecer si este antecedente judicial, las amenazas y los dos homicidios están relacionados; por ahora, la posible vendetta es una hipótesis de investigación, no una conclusión judicial.
