El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, obtuvo el jueves el acuerdo del partido del independentista catalán Carles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del ejecutivo, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país.
Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) firmaron su acuerdo en la mañana del jueves en Bruselas, donde huyó el líder independentista tras el fracaso de la tentativa de secesión de Cataluña en 2017, para esquivar a la justicia española.
“El acuerdo no es [solo] un acuerdo de investidura”, con el fin de que los siete diputados de Junts den sus votos indispensables para que Sánchez logre ser investido de nuevo por el Parlamento, subrayó Santos Cerdán, alto dirigente del Partido Socialista español encargado de negociar el acuerdo con Puigdemont.
“Es un acuerdo de legislatura”, con el objetivo de asegurar “estabilidad [del gobierno] durante la legislatura de cuatro años”, indicó a la prensa, antes de que Puigdemont realice su intervención a las 13H00 GMT.
A cambio del apoyo de Junts, que había optado en los últimos años por una oposición frontal a Sánchez, el socialista aceptó su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017.
Esta amnistía, que abrirá “una nueva etapa” y debería permitir el regreso de Puigdemont a España, cubrirá hechos ocurridos desde 2012, año del inicio de la escalada separatista en Cataluña, precisó Cerdán.
Apoyado por la extrema izquierda y los partidos vascos, la ley de amnistía deberá ser adoptada por el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana.
- Apuesta arriesgada -
Gracias al acuerdo con Junts, Sánchez parece muy cerca de lograr una nueva investidura después de haber contradicho los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales.
En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento.
Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas desde hace cinco años, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.
La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, quien se oponía en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía, unas imágenes de violencia poco frecuentes en España.
Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta en la noche del jueves contra lo que califican como un “golpe de Estado”.
-Vergonzante-
“Estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España”, al estar apoyado por un “prófugo de la justicia”, criticó de su lado la número dos del PP, Cuca Gamarra, en referencia a Carles Puigdemont.
Figura ascendente de la derecha, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a acusar al presidente del gobierno de estar implementando una “dictadura”.
El Partido Popular llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo en todas las capitales de provincia contra la medida, y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.
Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.
