El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tomó por sorpresa al país cuando declaró la ley marcial el martes en un discurso televisado. Lo que siguió fueron seis horas de agitación política, militar y civil que pusieron en jaque a la democracia surcoreana y tuvieron en vilo al país.
A pesar de que la tensión política había ido en aumento en fechas recientes y de que el Gobierno se veía cada vez más arrinconado al haber perdido la mayoría parlamentaria, nadie esperaba que Yoon recurriera al ‘bazuca’ del arsenal ejecutivo a su disposición: la ley marcial, aplicada por primera vez en Corea del Sur en su historia democrática reciente.
Paradójicamente para un país que vive bajo la constante amenaza de confrontación con su vecino, Corea del Norte, la mayor sacudida a la democracia surcoreana en las últimas décadas ha llegado desde dentro, de la mano de un presidente acorralado por la oposición y con índices de popularidad bajo mínimos.
Una ley para tiempos de guerra
La primera reacción de todo residente en Corea del Sur fue la de revivir el agrio recuerdo de las dictaduras militares entre los sesenta y ochenta y la de no entender como una ley pensada para las emergencias militares o nacionales podía haber sido invocada por primera vez en democracia en un momento en el que ninguno de esos requisitos se cumplían.
La ley, que puede ser revocada por la Asamblea Nacional -algo que los parlamentarios lograron hacer apenas dos horas después de su activación- busca suspender las actividades políticas, controlar a los medios o permitir las detenciones sin orden judicial en aras de “mantener la ley y el orden”.
Yoon argumentó en su anuncio que la oposición política estaba llevando a cabo actos “anti-estatales” y actuando como una fuerza “pronorcoreana” que ponía en peligro la estabilidad y el normal funcionamiento del Estado.
Tres precedentes
La ley marcial tiene tres precedentes en este país en los últimos cincuenta años.
Tras dar un golpe militar en 1961, Park Chung-hee fue elegido presidente en 1963 y reelegido en 1971.
Bajo su mandato, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico sin precedentes, el llamado “Milagro del río Han”, lo que impulsó su popularidad hasta principios de los setenta, cuando esta empezó a decaer y decidió declarar en 1972 la ley marcial y aprobar una nueva constitución autoritaria que estaría vigente hasta poco después de su asesinato en 1979.
En mayo de 1980, el entonces presidente surcoreano Chun Doo-hwan ordenó la ley marcial y los militares detuvieron a los principales líderes políticos de la oposición, se cerraron las universidades, se prohibieron actividades políticas y se restringió la prensa.
Aquella imposición trajo el denominado levantamiento en la ciudad de Gwangju, a unos 330 kilómetros al sur de Seúl, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles.
El 30 de noviembre de 2020, un tribunal de Corea del Sur declaró culpable a Chun Doo-hwan de difamar a un testigo ya fallecido en relación con la masacre que el ejército perpetró en la ciudad de Gwangju en 1980 cuando era jefe de Estado.
El tribunal de distrito de Gwangju había respaldado el testimonio del testigo, un sacerdote que afirmó en unas memorias publicadas en 2017 que helicópteros dispararon contra civiles durante aquella acción, y condenó a Chun, que tenía 89 años, a ocho meses de prisión, suspendida por dos años.
El exdictador, una de las figuras más polémicas de la política surcoreana, nunca admitió ninguna responsabilidad ni pidió perdón por la masacre.
Más recientemente, en el verano de 2018, el general Lee Suk-koo, intentó imponer la ley marcial a través de un plan propuesto por la inteligencia militar para acabar con las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye en 2017, quien estaba acusada de corrupción y que contemplaba el arresto de parlamentarios o la censura de medios.
Sin embargo, poco después, el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, destituyó al mencionado general y ordenó refundar este organismo. EFE
