Madrid, España.
En medio de la recesión económica en Argentina y del conflicto por su deuda en Estados Unidos que puede derivar en una suspensión de pagos, por primera vez en la historia, un vicepresidente del país sudamericano es procesado en el ejercicio de su cargo.
Un juez federal de Buenos Aires, Ariel Lijo, procesó el viernes pasado por la noche al vicepresidente de su país, Amado Boudou, por los presuntos delitos de cohecho (soborno) y negociaciones incompatibles con la función pública.
Boudou, elegido por el voto popular en 2011 junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha contado hasta ahora con su respaldo.
Su procesamiento supone un varapalo político para la jefa de Estado. El escándalo, que trata sobre el rescate de la única imprenta de billetes de Argentina, estalló en 2012 y ha llevado a que la fragmentada oposición, minoritaria en el Congreso, pida que el Vicepresidente renuncie o al menos pida una excedencia hasta que se resolviese la causa si no quiere afrontar un juicio político para destituirlo. La oposición también destacó la independencia judicial en el país.
El escándalo
La investigación judicial de Lijo presume que la imprenta Ciccone se encontraba al borde del colapso cuando de repente fue rescatada por alguien que estaba inscrito en Hacienda como pequeño contribuyente autónomo, Alejandro Vandenbroele.
A su vez, la exmujer de Vanderbroele ha declarado que su exmarido era testaferro de Boudou. La justicia cuestiona también que Ciccone se beneficiara de un plan especial de pago de deudas tributarias.
La decisión judicial no implica la prisión preventiva, aunque sí el embargo de bienes por valor de 200 mil pesos (unos $24,500).
Boudou alegó en varias ocasiones que no estaba dispuesto a renunciar a su cargo, ya que considera que las denuncias obedecen a una razón política de desgaste del Gobierno peronista y no tienen fundamento político.
Recordó además que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, estuvo procesado por presunto espionaje ilegal y, sin embargo, no dejó sus funciones.
El juez Lijo no solo procesó a Boudou, sino también a Vanderbroele, a un amigo del Vicepresidente que habría intervenido en la operación, a un exfuncionario de Hacienda, al expropietario de Ciccone y a su yerno. Después de estallar el caso, el kirchnerismo impulsó en el Congreso la estatización de la imprenta.
La noticia del procesamiento ocurrió mientras el Vicepresidente argentino se encontraba de viaje oficial por Cuba. Su abogado prometió ayer que apelará la decisión judicial.
Otro juez también quiere indagarlo porque supuestamente usaba un coche con documentación falsa.
Tanto este presunto delito como el de la imprenta habrían sido cometidos por Boudou cuando era ministro de Economía del primer Gobierno de Fernández, entre 2009 y 2011, antes de llegar a la vicepresidencia del país.
Piden juicio político
La oposición quiere someter a Boudou a un juicio político, pero este proceso debería comenzar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el peronismo kirchnerista tiene mayoría.
Sin embargo, en Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, tiene la esperanza de que los diputados que son más peronistas que kirchneristas comiencen a despegarse del gobierno de Fernández, cuando falta un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, y voten en contra de Boudou.
La Cámara de Diputados es la que decide si se hace el juicio y el Senado es el que juzga. Tomado de El País y AFP
