El ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) fue declarado ayer “prófugo de la justicia”, luego de que fracasaran los intentos de las fuerzas de seguridad por capturarlo a petición de una corte de EUA, que le reclama por delitos de lavado de dinero.
Los cinco operativos que realizaron el domingo las fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército, con el apoyo de investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig y la Fiscalía contra la Corrupción, fueron infructuosos.
El ex mandatario, de 59 años de edad, logró burlar a las autoridades, al parecer, gracias a que fue informado con anticipación sobre sus planes de captura y, según el fiscal general, Amílcar Velásquez, ya es “prófugo de la justicia”.
Ese extremo, según medios locales, es investigado por la Cicig, la comisión de las Naciones Unidas que dirige el jurista español Carlos Castresana, la cual colabora con Guatemala en el combate de los grupos criminales que generan impunidad en el país. No es la primera vez que Portillo logra evadir a la justicia.
En 1982, cuando era profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero (México), protagonizó un turbio incidente con trasfondo político en la ciudad de Chilpancingo, cuando dio muerte a tiros a dos hombres e hirió a otro, pero no pudo ser detenido por las influencias políticas, pese a que estuvo en ese país hasta 1989.
Portillo permaneció prófugo de la justicia mexicana hasta 1995, cuando se declaró prescrito el delito por el que se le acusaba y se cerró el caso.
Apoyo político
El 14 de enero de 2000, apadrinado por el derechista partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, liderado por el general golpista Efraín Ríos Montt, Portillo asumió la Presidencia de Guatemala para un periodo de cuatro años y su Gobierno fue calificado como “el más corrupto de la historia” de este país.
Tras concluir su mandato, el 18 de febrero de 2004, casi un mes después de haber asumido un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Portillo huyó de Guatemala rumbo a El Salvador y de allí volvió a México, en momentos en que la justicia preparaba su captura por delitos de corrupción.
El ex gobernante permaneció prófugo de la justicia guatemalteca hasta que el 7 de octubre de 2008 México lo extraditó, pero ese mismo día, con el pago de una fianza por más de 120,000 dólares y con la condición de permanecer en Guatemala, un tribunal lo dejó en libertad. Desde entonces, Portillo se presentaba cada mes a firmar un libro en la sede del tribunal que le otorgó esa medida, ignorando que la justicia de EUA había emprendido una investigación en su contra por lavado de dinero.
